“Antes de la devaluación, uno compraba prendas confeccionadas con mano de obra esclava china; ahora, en muchos casos, uno compra prendas hechas con mano de obra esclava boliviana en la Argentina”, afirmó el ministro de Seguridad porteño. Junto con su colega de Producción, se presentaron en la Legislatura para informar sobre el tema. Según anunciaron, el Gobierno de la Ciudad se haría cargo de las inspecciones del trabajo domiciliario, que actualmente se reserva el Ministerio de Trabajo de la Nación. Se solicitará también a los jueces que se expidan en el término de 24 horas para autorizar los allanamientos de presuntas fábricas ilegales. Hoy llega al país una comisión encabezada por el vicecanciller boliviano, Mauricio Toffler Ocampo, para examinar la situación de sus compatriotas en el país.

Diego Gorgal, ministro de Seguridad porteño, destacó que “hasta ahora, la Nación se reservaba el poder de policía en trabajo domiciliario: esta semana, junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, se redactó un borrador para que también esté a cargo de la Ciudad”. También se estudia solicitar “facultades de decomiso de maquinaria, en caso de que su propiedad no estuviera debidamente acreditada”, anunció Gorgal, y mencionó el caso de “un local con 80 personas hacinadas y sometidas a trabajo esclavo, junto a maquinaria por valor de 150.000 dólares”. Así, “parte de la industria textil trabaja en la ilegalidad. Así como, durante la Convertibilidad, uno compraba prendas confeccionadas con mano de obra esclava china, después de la devaluación uno compra prendas confeccionadas con mano de obra esclava boliviana en Buenos Aires”.

Enrique Rodríguez, ministro de Producción de la Ciudad, anunció que se sancionará una ley o un decreto para que “los jueces resuelvan en 24 horas las solicitudes de allanamiento por sospecha de talleres clandestinos en viviendas”. Y anticipó una reorganización del cuerpo de inspectores del trabajo en la ciudad: “Hay un total de 51: 18 destinados a obras de la construcción, 17 para las demás actividades y el resto especializados en higiene y seguridad: formaremos un cuerpo único, capacitándolos en las distintas áreas y generando una carrera con adecuada remuneración y conforme a los requisitos de la Organización Internacional del Trabajo” (OIT).

Luego de la reunión en la Legislatura, la diputada Silvia La Ruffa –kirchnerista– afirmó que “lo central no se resuelve con inspecciones, sino a partir de acuerdos que involucren a las cámaras empresarias textiles y a los sindicatos del ramo. Podríamos llegar a tener una excelente política de inspecciones que sólo lograra correr el problema al conurbano bonaerense”. El diputado Sergio Molina –interbloque de izquierda– afirmó que “la Ley de Trabajo a Domicilio establece la responsabilidad solidaria del taller y de la firma que le encarga la producción”, por lo cual sostuvo que “deberían allanarse simultáneamente tanto el taller ‘en negro’ como la empresa ‘en blanco’ a la que éste provee”. La legisladora socialista Verónica Gómez insistió en “la necesidad de sancionar a las grandes empresas que compran a los talleres clandestinos”. El macrista Jorge Enríquez solicitó “que los inspectores efectúen inteligencia, en el buen sentido, para detectar qué establecimientos emplean mano de obra esclava”.

Además, el ministro Rodríguez se reunió nuevamente con integrantes de la comunidad boliviana. En la tarde volvieron a efectuarse movilizaciones. Uno de los manifestantes, Isaac Laura Pari, representante de los dueños de talleres, insistió en reclamar la “flexibilización de las cargas sociales: no estamos en condiciones de pagar 250 pesos mensuales por obrero porque tendríamos que cargarlo al costo de producción; necesitamos una reunión de las tres comunidades, la coreana, la judía y la boliviana, a fin de llegar a un acuerdo”.