Durante más de veinte años, Paul House se dedicó a esperar en el Pasillo de la Muerte, en una de las celdas destinadas a los condenados al cadalso en Estados Unidos. Lo acusaban de haber violado y asesinado en 1985 a Carolyn Muncey, una vecina del pequeño condado de Union, en el estado sureño de Tennessee. Poco antes de que la condena se hiciera efectiva, House logró convencer a la Justicia americana de que estaba en un error. El jurado había condenado a House no por el asesinato, sino porque el fiscal sostuvo que el semen hallado en el cuerpo de Muncey pertenecía a House, ya que daba el mismo tipo sanguíneo. Pero House presentó ahora una prueba irrefutable a su favor: el ADN del semen no se correspondía con el suyo. El examen no existía hace veinte años, cuando se hicieron las pruebas que terminaron en condena. Por primera vez, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que el resultado de un test de ADN es razón suficiente para revocar una condena a muerte y dar derecho a iniciar otro juicio.

Paul House fue acusado en 1985 de violar y asesinar a Carolyn Muncey, una vecina, en un área rural del condado Union, al norte de Knoxville, estado de Tennessee. El cuerpo de la mujer fue hallado por amigos que la buscaban desde hacía un día en los alrededores. Estaba vestida con su camisón y un salto de cama y se encontraba debajo de un montículo de paja, a unos cien metros de su casa y muy cerca del lugar donde dos testigos aseguraron que habían visto a House limpiándose las manos con un trapo oscuro. Carolyn fue asesinada de un golpe en la cabeza. Los investigadores no demoraron demasiado en apuntar contra House, que ya había cumplido una condena previa por un ataque sexual en Utah.

Durante el juicio, los testigos que vieron a House limpiándose las manos, la evidencia de que Muncey había sido violada por alguien cuyo tipo de sangre era el mismo que el que correspondía a House, la sangre de la víctima en los pantalones de House y los hematomas en sus brazos sumaron para una sentencia de culpabilidad con las suficientes circunstancias agravantes como para que el jurado enviara al acusado al Pasillo de la Muerte. Y House fue condenado.

Pero a fines del año pasado, House presentó nuevas pruebas que por aquel entonces no estaban disponibles. El ADN tomado a las muestras de semen hallado entre la ropa interior de la víctima no se correspondía con el suyo y, según algunos, coincidía con el del marido de la mujer. Fue entonces que saltaron otros detalles del caso y que inexplicablemente habían sido desechados por el jurado: dos testigos habían declarado durante el juicio que Hubert Muncey era alcohólico y golpeaba a su mujer; un tercero aseguró que aquella noche el marido le había pedido apoyo para armar una coartada y otros dos directamente señalaron que el marido confesó haber matado a su mujer accidentalmente. El jurado descartó esas versiones. También se demostró que la sangre de Muncey en el pantalón de House había sido vertida en los laboratorios y no durante el hecho.

Con semejantes pruebas, un tribunal de apelaciones sostuvo la sentencia de muerte. House pidió la intervención de la Corte de Tennessee. Y a fines del año pasado, el caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Ayer, finalmente, por seis votos contra dos, el máximo tribunal del país decidió ceder a las evidencias y determinar que sí, que el ADN es una prueba científica válida y que con ella alcanza para rever una condena a muerte. Y ordenó que Paul House recibiera un nuevo juicio porque consideró que los miembros del jurado habrían examinado el caso de otra manera si hubieran conocido el resultado de las pruebas de ADN.

Fue la primera vez que la Corte Suprema acepta tener en cuenta el resultado de pruebas ADN para examinar la apelación de un condenado a muerte. A principios de mayo, la Corte de Carolina del Norte ya había suspendido la ejecución prevista dos días más tarde de un hombre de 40 años, condenado a muerte por el asesinato de un empleado en un robo en 1990, con el fin de permitirle presentarse nuevamente ante un tribunal de primera instancia para solicitar nuevas pruebas de ADN.

Según The Innocence Project, un colectivo de juristas especializado en la lucha contra los errores judiciales, 180 condenados a muerte, o con las penas más largas de penitenciaría, fueron declarados inocentes desde 1989 gracias a pruebas de ADN.