La ausencia de un plan de evacuación, la falta de habilitación y la existencia de vidrios astillables en lugares de riesgo son fallas habituales en establecimientos de gestión privada de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con inspecciones efectuadas por el gobierno porteño durante el último año. En ese contexto se envió a la Legislatura un proyecto para modificar el Código de Faltas que agrave sanciones a la violación de normas de seguridad en establecimientos educativos.

Los resultados demostraron la necesidad de poner el alerta en ciertos indicadores, ya que de las 1931 inspecciones que se hicieron se labraron 1029 actas de infracción. De ellas, el 56 por ciento fue por fallas en el funcionamiento de la escuela y el 39 por deficiencias en la seguridad.

Las inspecciones fueron realizadas por el Ministerio de Seguridad de la ciudad entre abril del año pasado y el mismo mes de este año en todas las escuelas de gestión privada. La investigación revela que la mayoría de las actas de infracción es por falta de habilitación, ausencia de un plan de evacuación y vidrios astillables en lugares riesgosos.

Pero la falta de tratamiento ignífugo en materiales combustibles, la instalación de estufas antirreglamentarias y sin ventilación, el exceso de alumnos respecto de la cantidad permitida y la ausencia o deficiencia de matafuegos son otras falencias de las escuelas de gestión privada.

El Ministerio de Seguridad de la ciudad indicó además que entre enero y mayo de este año realizó 786 inspecciones en colegios privados, y que dispuso 36 clausuras totales o parciales.

En tanto, el 3 por ciento correspondió a problemas de higiene, y el resto por violar clausuras o por infracciones relacionadas con publicidad o con el no cumplimiento de la ley sobre vigiladores privados.

El Ministerio de Seguridad aseguró que en muchos establecimientos se detectó que “a pesar de las infracciones, las intimaciones y hasta las clausuras no se corrigieron las irregularidades porque la sanción no llegaba o no era lo suficientemente severa”.

Por esta razón, la cartera de Seguridad porteña envió un proyecto de modificación del Código de Faltas a la Legislatura porteña que “agrave las sanciones para la violación de normas de seguridad”.

El proyecto oficial propone que en el caso de ausencia o insuficiencia de elementos de prevención contra incendios, la sanción que corresponderá podrá consistir en una multa de hasta 50 mil pesos o, incluso, podría llegar hasta la clausura total del establecimiento.

También destaca que cuando existan tres sanciones firmes por una misma falta dentro de los 365 días, el colegio en cuestión será pasible de una clausura que oscila en un mínimo de 15 y un máximo de 180 días.

La misma penalidad corresponderá para aquellos establecimientos privados que posean cables que transporten electricidad y se encuentren expuestos, o edificios que carezcan de las instalaciones contra incendio.