Después de casi cuatro años de idas y vueltas judiciales, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense falló en favor de los vecinos de Cariló, quienes piden desde hace tiempo que se realicen estudios de impacto ambiental en todas las obras que empezaron a construirse en 1998, cuando se sancionó una ley que declara “paisaje protegido” a ese balneario de la costa atlántica. Ahora, la Municipalidad de Pinamar tiene veinte días para presentar ante la Justicia toda la documentación sobre las construcciones aprobadas desde aquel año hasta hoy, para revisar si fueron o no sometidas a estudios de impacto ambiental, tal como obliga el artículo 5º de la ley 12.099. Al ejecutar la sentencia de la Corte, la jueza dispuso “la suspensión de todas las obras en construcción” y también mostró “la intención” de proceder, en una próxima instancia, “al embargo de los bienes personales de los funcionarios municipales involucrados”, si es que los hubo, por “no respetar la ley”.

Playas amplias. Bosques enormes. Casas con grandes parques, mucho verde, calles de tierra y los médanos de gran tamaño desde donde puede observarse la inmensidad del mar. Esas son sólo algunas de las cualidades que ofrece uno de los lugares más codiciados por aquellos que buscan alejarse de los ruidos de la ciudad. Sin embargo, el Cariló actual dista del proyecto original que alguna vez soñó su creador, Héctor Manuel Guerrero, en 1918.

“Uno no pretende que se haga un estudio de impacto ambiental cuando se construye una casa. Pero sí cuando se levantan los hoteles, que ahora llegan a unos 60”, aclaró a Página/12 el presidente de la Sociedad de Fomento Cariló, Eloy Lesca, uno de los denunciantes, junto a otros vecinos que forman parte de la organización. “Se construyeron hoteles sin tener en cuenta que ni siquiera había una línea cloacal hecha, han destruido también la línea de médanos”, se quejó.

En el fallo de ejecución de la sentencia, la jueza en lo Civil y Comercial de Dolores, Silvia Edorna de Sánchez, indica que “lo requerido respecto del embargo de los bienes personales –de los funcionarios– se tendrá presente a resolver”, una vez presentado el informe que “deberá evacuar el municipio de Pinamar en el término de veinte días corridos”, desde el fallo del pasado lunes.

Asimismo, la sentencia obliga al municipio a indicar “desde septiembre de 1998, cuántas obras han sido aprobadas en Cariló hasta hoy, y si dieron cumplimiento a la evaluación del impacto ambiental”.

“En 2002 –recordó Lesca–, la Justicia había ordenado parar todas las obras respetando la ley de paisaje protegido, pero el municipio no hizo caso y fue a la Cámara de Dolores, que le dio la razón. Entonces fuimos a la Corte y ésta dio la razón a la sociedad de fomento. Pero una vez más, la municipalidad y el intendente no hicieron caso a la ley, y de nuevo hicimos el camino y volvimos a la Corte.”

El abogado de la sociedad de fomento, Federico Larruy, realizó una denuncia penal contra los funcionarios locales “por desacato”. “La jueza solicita la remisión de las actuaciones a la Fiscalía General a los efectos de iniciar acciones penales que pudieran corresponder”, contó a este diario, y agregó: “Se nota que acá (en Cariló) hay otros intereses. Sin dudas el mayor responsable es la municipalidad, que no reglamenta ni aplica la ley. No se puede modificar el ambiente y actuar después. Hay que prevenir”, advirtió.

La polémica por las construcciones en uno de los balnearios más exclusivos de la costa bonaerense viene en ascenso desde 2000, cuando comenzó la construcción masiva de hoteles y de aparts.

En 2003, la misma jueza de Dolores había ordenado la suspensión de las obras y le había impuesto al municipio pagar una multa diaria de 500 pesos, que hoy llega a unos 540 mil, mientras no cumpliera con el pedido de la magistrada. Pero el municipio apeló y la Cámara hizo lugar. Y de nuevo, los vecinos volvieron a la carga y llegaron, una vez más, al alto tribunal, ahora con un poco más de suerte.

Informe: Luciano Zampa.