Una sorda polémica se desató entre la Iglesia y el área Queer de la Universidad de Buenos Aires a partir de las afirmaciones del documento Hacia un plan nacional contra la discriminación en Argentina, que el Gobierno aprobó por decreto en septiembre pasado. “Las altas tasas de muertes por aborto son una expresión lamentable de la discriminación de mujeres de sectores más pobres, referida a la falta de un acceso adecuado a la información y a los métodos anticonceptivos seguros”, es una de las frases del texto que más irritó a los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), además de la alusión a la necesidad de un debate sobre el “aborto no punible”.

Tanto se alarmaron que decidieron enviar cartas a todos los integrantes del Poder Legislativo, encargado de implementar el plan, para cuestionar la iniciativa oficial. “Las propuestas que afectan el derecho a la vida o que proponen un reconocimiento legal de las uniones de personas del mismo sexo contradicen la Constitución, que ampara tanto a la vida desde su concepción como a la familia fundada en el matrimonio del varón y la mujer”, escribió monseñor Sergio Alfredo Fenoy, secretario de la CEA. “Según ellos no serían situaciones de discriminación las referidas a la orientación sexual y las identidades de género, como tampoco la falta de acceso de las mujeres pobres al aborto”, explicó Flavio Rapisardi, licenciado en Filosofía y coordinador del área Queer de la UBA, cuyos miembros colaboraron en el capítulo del criticado documento referido a identidades sexuales.

En septiembre del 2005, a través del Decreto 1086, el presidente Néstor Kirchner y sus ministros aprobaron el documento y encomendaron al Inadi la coordinación de la ejecución de las propuestas contenidas en el mismo. Además invitaron al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, a la Defensoría General, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al plan nacional contra la discriminación propuesto. El extenso documento fue producto de un “amplio diálogo nacional” que llevó tres años “con grupos victimizados en distintas ciudades del país, organizaciones de la sociedad civil, universidades, comisiones parlamentarias y áreas de gobierno con competencia en la materia”, según indica el decreto.

Las propuestas más cuestionadas por la Iglesia fueron las referidas a las uniones de personas del mismo sexo o su derecho a la pensión, la modificación de la ley para permitir las operaciones de cambio de sexo, recomendaciones en torno de la aplicación del programa de salud sexual y reproductiva y un punto que parece muy sensible para la Iglesia pero que, curiosamente, no fue mencionado en la carta de la CEA: el manejo de los fondos entre los distintos credos. Más allá de los puntos polémicos, hay propuestas para derogar el impedimento para los sordos en cuanto a la administración de bienes o a contraer matrimonio, otras que recomiendan el sobretitulado en todos los programas de televisión de aire, garantizar el proceso de restitución efectiva de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, el derecho a una jubilación para las mujeres en situación de prostitución, y otras referidas a políticas migratorias, penitenciarias y de educación.

¿Qué hicieron los diputados y senadores con la carta que les mandaron los obispos?, preguntó Página/12 a Rapisardi. “Para empezar nos costó muchísimo encontrarla, tengo entendido que la leyeron pero no la respondieron y tampoco la acataron, aunque tuvieron mucho miedo de entregarla”, fue la respuesta.

La misiva señaló que el plan “contiene afirmaciones y propuestas que no se corresponden con su objetivo por cuanto reflejan una concepción de la persona y la familia de un acentuado individualismo, nos referimos a la gravedad de las propuestas que afectan el derecho a la vida, la institución matrimonial, la dignidad de la mujer y la libertad religiosa”. En alguno de sus párrafos también indicaron que esa concepción atenta contra el compromiso social de las personas. Según la Conferencia Episcopal, “el referido documento utiliza de manera ambigua el concepto de discriminación, y de este modo llegarían a imponerse criterios que no reconocen la dignidad y la valiosa complementariedad del ser humano: mujer y varón”. Los representantes de la jerarquía católica cuestionaron que el trabajo haya colocado a un nivel de igualdad “la violencia contra las mujeres, homosexuales o cualquier otro ser humano, el desprecio a los inmigrantes de países vecinos o la tremenda exclusión social de los más pobres” con “la posibilidad de adoptar hijos a las parejas de personas del mismo sexo”. Concluyeron que “con la intención de un plan nacional contra la discriminación se estaría imponiendo por decreto a la sociedad argentina una ideología de construcción cultural que discrimina la natural y legítima ecología humana”.

Rapisardi, como coordinador del área Queer, redactó una respuesta en la que rechazó la palabra “homosexual” por considerarla violenta. “Silencia la rica diversidad de nuestras comunidades, nos medicaliza reduciendo nuestras vidas a una categoría psiquiátrica”, criticó.

Aclarado el punto, el licenciado calificó la alusión a la “natural y legítima ecología humana” como “peligrosa y caduca, porque reproduce la denominada falacia naturalista”. Y se preguntó y respondió a la vez: “¿Quién determina lo que es natural? ¿El incesto en los gatos? ¿El celibato eclesiástico? ¿El barebacking (práctica sexual sin profiláctico)? Los límites entre naturaleza y cultura no son necesariamente los que ha sostenido la Iglesia Católica”.

Rapisardi además contestó que “no pueden seguir desconociendo los años de lucha (...) que fueron resultado de la valentía, la entrega y el compromiso social de varones y mujeres por los que ustedes dicen velar. O quizá para la Iglesia no todos seamos hijos del Dios que ustedes dicen amar”. En relación con la conformación de grupos familiares, expresó que “volver a invocar una supuesta ecología humana constituye una apelación vacía si las prácticas culturales que la conforman son filtradas por una nueva identificación entre un supuesto plan divino (respetable para quienes lo crean) y la naturaleza del hombre”.

En el último párrafo de la carta, que también hizo llegar a los presidentes de los bloques legislativos de ambas Cámaras, Rapisardi consideró que ya es hora de que la Iglesia “asuma que las diversidades sexuales” son “sujetos de derecho con quienes dialogar”.