El juez porteño Roberto Gallardo, conocido por la clausura del predio de la Rural y otras medidas judiciales contra la administración del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, fue procesado ayer por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a raíz de una inspección y clausura que realizó en 2004 al barco casino anclado en Puerto Madero. La medida fue adoptada por la jueza federal María Servini de Cubría. Mientras se tramita la causa, el juez podrá seguir desarrollando su actividad.

“Me enteré por los medios, que se notificaron antes que yo de la decisión de la jueza. Alguien debiera investigar esta modalidad de notificación mediática”, advirtió Gallardo, juez del fuero contenciosoadministrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al fallo, el magistrado explicó que “la denuncia fue efectuada por el Sindicato del Casino en el año 2004 y dos años después, justo cuando la Corte Suprema estudia mi denuncia, la Justicia federal ‘súbitamente’ me cita y me procesa”. También sostuvo que “el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires ya cerró el pedido de juicio político (en su contra) y el sumario que se me abriera por el mismo tema y con los mismos denunciantes”.

Fuentes judiciales confiaron que en su fallo Servini de Cubría consideró que Gallardo no tenía jurisdicción para realizar ese operativo en el barco “Estrella de la Fortuna”, en sintonía con quienes opinan que el casino flotante está en un espacio federal y no de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el contrario, Gallardo señaló que “la Constitución de la ciudad establece la jurisdicción local en zona portuaria y el monopolio del juego, y nos obliga a los jueces a defender la autonomía (artículos 6, 8, 50). Si a Servini no le gusta, que demande por la vía que corresponde la inconstitucionalidad de nuestra Carta Magna local, mientras tanto yo juré por ese texto y ella no me va a disciplinar con sus interpretaciones”.

El 10 de agosto pasado, Gallardo prestó declaración indagatoria durante una hora y media en los Tribunales de Retiro ante la jueza Servini de Cubría. En ese momento, Gallardo defendió la legalidad de su decisión de inspeccionar el casino. El procedimiento cuestionado se realizó el 23 de agosto de 2004. El magistrado intervino en la causa a raíz de una medida cautelar planteada contra la ley de la Ciudad 1182, sancionada en 2003, que avaló un convenio para el funcionamiento del Casino flotante entre Lotería Nacional y el gobierno porteño, por el cual se repartían entre ambos estados las ganancias generadas por la actividad. Gallardo anuló ese acuerdo y dispuso el procedimiento que le costó el procesamiento.

Como juez porteño, Gallardo tiene inmunidad de arresto, pero puede ser sometido a proceso penal e incluso juzgado por un Tribunal Oral, preservando el cargo. No obstante, podría ser removido por el Consejo de la Magistratura.