La violencia laboral, el acoso moral, sexual y psicológico, también conocido como mo- bbing, preocupa tanto a empleados como empleadores, gremios y abogados, simplemente porque no hay ley nacional que trate el tema. Unos no saben qué letra los ampara; otros no tienen certeza de dónde agarrarse para una buena defensa. A pesar de que hubo algunos fallos que utilizaron la figura de “acoso moral” o “mo- bbing”, el tema sigue sin tener un marco jurídico a nivel nacional. Para encuadrarlo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación elaboró un predictamen que unifica varios proyectos sobre violencia y acoso en el ámbito laboral. Ayer, esa iniciativa fue sometida a una audiencia pública, de la que participaron unas 170 personas, entre víctimas de acoso, empresarios, representantes de distintos gremios y particulares. En un mes y medio, el proyecto estaría listo para ser aprobado por el Senado, después de someterlo a examen público, y pasar a la Cámara de Diputados, a la espera de que el dictamen se transforme en ley.

La audiencia comenzó a las 10, en el Salón Manuel Belgrano del anexo del Senado de la Nación. En base a un borrador del dictamen –que incluye los puntos más destacados de ocho proyectos de ley ingresados en la Comisión presidida por el radical Gerardo Morales–, los 170 participantes tuvieron 10 minutos cada uno para contar experiencias, despejar dudas, relatar causas judiciales y presentar investigaciones sobre el acoso laboral.

Cada uno de los que expusieron tuvieron en sus manos, previo a la audiencia, el predictamen sobre el proyecto de ley con el fin de someterlo a juicio para luego opinar en la presentación. Una de las primeras en hablar fue Karina Trevisono, secretaria de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). “Como mujeres trabajadoras hace muchos años que peleamos por una ley nacional. La conducta violenta es cotidiana, repetitiva, y denigra al trabajador”, sentenció.

El proyecto tiene como objetivo “definir, prevenir, corregir, controlar y sancionar la violencia laboral”. En el artículo 2º del predictamen se deja en claro qué se entiende por esos actos: “Toda conducta que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral, sea éste público o privado, por el empleador, por personal jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a él (empleador) que atente contra su dignidad, integridad, física, sexual, psicológica y social, mediante amenazas, intimidación, inequidad salarial”, entre otros.

Asimismo, en el artículo siguiente se especifica que el maltrato psíquico y social hacia el trabajador es “la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica”. Además, quedan puntualizadas algunas de las prácticas que este proyecto entiende por maltrato psíquico y social. Algunas de ellas son “cambiar (al acosado) de oficina, prohibir a los empleados que hablen con la víctima, obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana, asignar misiones sin sentido, y amenazas de despido infundadas”.

Por su parte, el gerente general de la Anses, Eduardo Bustos Villar, y su asesor Domingo Casasco aseguraron en su presentación que “se debe dejar de abandonar a la víctima luego de que se ha detectado la violencia laboral”. El artículo 9º del proyecto unificado reza que “los empleadores son solidariamente responsables por las acciones de violencia laboral a que se vieron sujetas/os sus empleadas/os, por parte de superiores o un tercero vinculado directa o indirectamente”.

Ahora los integrantes de la Comisión deberán tener en cuenta y examinar todo lo dicho en la audiencia para darle forma al dictamen que será elevado a la Cámara de Diputados en los próximos meses.

Informe: Luciano Zampa.