“Se le debe aplicar una pena ejemplar.” El ministro de Salud, Ginés González García, explicitó ayer con esa frase el rechazo unánime que generó en el ambiente de la salud el fallo del juez misionero Carlos de la Cruz, que adjudicó la muerte de una niña a la ablación de sus órganos para ser donados y no a las gravísimas lesiones que había sufrido al ser atropellada por una camioneta, pese a que había sido él quien, seis años antes, había autorizado la intervención quirúrgica para el retiro de los órganos para ser trasplantados.

González García se mostró indignado porque la decisión del juez “erosiona la confianza pública” en el proceso de donación de órganos: “Es un ignorante supremo o un homicida. No merece ser juez, porque desconoce la ley y su propia autorización para la ablación. Otra posibilidad es que tuviera intereses económicos en el caso”.

De la Cruz determinó en su veredicto que la muerte de la niña Agustina Bernasconi, atropellada en Puerto Iguazú por una camioneta en marzo de 2000, no fue consecuencia de ese accidente, sino de la ablación de sus órganos, realizada por médicos de un centro sanitario en la ciudad de Eldorado. De esa forma, responsabilizó del deceso a los padres de la pequeña por haber autorizado la intervención y no a la conductora de la camioneta que la atropelló, la hija de un importante comerciante de la zona.

“Los padres de la niña no probaron que la chica estaba en estado vegetativo irreversible, entonces ahí se corta la relación causal entre el accidente y el resultado muerte”, se justificó el magistrado, en las únicas declaraciones públicas que realizó a una radio misionera. Lo llamativo es que fue el propio juez quien, hace seis años, autorizó la ablación de órganos a la pequeña, paso indispensable para que los médicos pudieran proceder a la intervención. Este diario intentó sin éxito comunicarse con De la Cruz para que brindara mayores explicaciones.

En tanto, el ministro de Salud aseveró además que realizará “todo lo que esté a mi alcance para que (De la Cruz) reciba una sanción ejemplar”. El viceministro y ex titular del Incucai, Carlos Sorati, explicó que “la muerte de una persona se produce cuando hay un cese irreversible de las funciones del sistema nervioso central. Esa es la muerte siempre, y sólo a partir de eso se realiza la ablación”.

Por su parte, el director del Centro Unico Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (Cucaimis), José Gaspar Argüello, aseveró que el fallo “no tiene lógica, es inentendible” porque en el caso de la pequeña “se hizo el diagnóstico de muerte”, ya que realizaron “dos encefalogramas y nos dieron plano, esto nos lo pide la ley. Había un ciento por ciento de muerte cerebral y eso significa muerte”.

En la ciudad de Buenos Aires, De la Cruz fue denunciado ayer ante el juez federal Ariel Lijo por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”.

En ese mismo sentido, la asociación civil misionera Esperanza de Vida adelantó que pedirá un jury de enjuiciamiento porque, según su presidente, Hugo Natalio Maciel, el fallo “es una aberración jurídica, y en salvaguarda del sistema nacional de donación (de órganos)” se le debe realizar un proceso para destituirlo.

Amalia Giménez, la madre de la niña, sostuvo que la sentencia “es algo inconcebible. Es un fallo aberrante, incoherente. Ni el juez ni el abogado de la otra parte dimensionan el daño que están provocando, no solamente a nuestra familia sino a toda la gente que en algún momento va a necesitar un órgano, y a todos los padres que donaron órganos. No se puede entender”.

A diferencia de lo que consideró el juez civil misionero, en la causa por el accidente, la Justicia penal había determinado la existencia de “homicidio culposo en ocasión de accidente de tránsito”, carátula que le aplicó a la joven que manejaba la camioneta, que de todas maneras no cumplió condena en prisión porque al momento de la tragedia era menor de edad. Frente a esto, De la Cruz sostuvo que ese fallo no es determinante para la Justicia civil.