La nueva audiencia pública convocada por la Corte Suprema para discutir la limpieza del Riachuelo no viene con clima de ondas de amor y paz. Parece que la pelea entre los gobiernos porteño y nacional no se agotó en las elecciones del mes pasado. El Ministerio de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires no sólo le pidió al tribunal unos minutos para hacer una exposición por su cuenta, sino que planteó la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la creación de la Autoridad de Cuenca encabezada por la secretaria ambiental de la Nación, Romina Picolotti, para ejecutar el proyecto de saneamiento, que aún no fue aprobado por los jueces supremos.

El entuerto generó un gran revuelo en despachos públicos de ambas partes. Cerca de Picolotti relataron que la funcionaria se pasó el día discando el número de teléfono del jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, para convencerlo de que su ministro ambiental, Juan Manuel Velasco, diera marcha atrás con la embestida. A última hora, dijo Velasco a este diario, analizaba la posibilidad de renunciar a los 15 minutos exclusivos que le concedió la Corte, “pero de ninguna manera retiraremos el planteo de inconstitucionalidad”.

Los gobiernos porteño, nacional y bonaerense venían presentándose en bloque, representados por Picolotti, ante las convocatorias de la Corte Suprema por la situación de la cuenca más contaminada del país. Las tres administraciones fueron demandas por 150 vecinos de la zona, al igual que 44 empresas que vierten sus desechos en esas aguas. El alto tribunal les exigió el año pasado que presentaran un plan de limpieza. Un punto central de la propuesta resultante fue la creación de la Autoridad de Cuenca, presidida por la secretaria de Ambiente, destinada a poner en marcha la descontaminación y evitar otro desastre futuro.

La audiencia pública que comenzará hoy a las 10 –y que podría durar más de un día– apunta a que todo aquel que sea parte en el caso y tenga algo que decir sobre el plan, lo diga ante Sus Señorías. Ellos, además, se reservan el derecho de hacer sus preguntas. El principal disparador de esta nueva ronda fue, en buena medida, el contenido de un peritaje que la Corte encomendó a expertos de la Universidad de Buenos Aires y que resultó ser sumamente crítico hacia el proyecto oficial de saneamiento.

“No nos sentimos representados por la secretaria Picolotti. No ha convocado todavía a la Autoridad de Cuenca, creada por ley como ámbito para consensuar políticas, pese a tener todos los elementos para hacerlo”, le dijo Velasco a Página/12. También explicó el pedido de inconstitucionalidad: “Nos parece bien que la presidenta de la Autoridad de Cuenca pueda actuar en forma inmediata ante emergencias, pero cuestionamos que concentre todo tipo de facultades, como surge de los artículos 5 y 8 del decreto. Por ejemplo, no puede ser que ella decida qué normativa se aplica a los vuelcos al Riachuelo cuando cada jurisdicción tiene su normativa y se debe buscar un criterio único consensuado”. Otro punto que reclama es “que se convoque al comité consultivo de ONG, como estipula la ley”.

“Todo esto le hace muy mal a un proceso que necesita garantías de continuidad”, pregonan en el organismo de Picolotti. Sostienen que el proceso de conformación de la Autoridad está tomando “un tiempo razonable”. “El proyecto de ley se envió en agosto, fue aprobado, luego la Ciudad y la provincia nombraron sus representantes, también los ministerios de Planificación y Economía, y sólo falta que nombre al suyo Desarrollo Social”, enumeró un colaborador de la funcionaria. En su equipo le recriminan a Velasco que no haya llevado sus objeciones directamente a Picolotti “para fomentar el diálogo interjurisdiccional” antes de hacer una denuncia judicial.

Más de un funcionario nacional sospecha que Valasco actuó movido “por una inquietud personal por conservar su cargo cuando asuma” la gestión de Mauricio Macri. Algunos no descartan que haya tenido algún guiño del PRO. Velasco asegura que “no hubo consultas” con el macrismo. “Hemos actuado en defensa de los intereses de la ciudad”, señaló. En su cargo actual lleva dos meses. Antes fue legislador por Unión por Todos (el partido de Patricia Bullrich), luego se convirtió al ARI y terminó aliado a Telerman con un partido propio.

Para la sesión de hoy figuran como oradores, además de Picolotti y Velasco, la directora del Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud, Ana María Speranza; el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y representantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación de Vecinos de La Boca, entre otras. Habrá ocho peritos de la UBA presentes, que no expondrán, pero se les podrán formular preguntas.

Picolotti, anticipan sus allegados, intentará dar algunas precisiones y refutar los cuestionamientos de la UBA. Entre los señalamientos más severos, el peritaje señaló la falta de un análisis serio sobre las enfermedades en la cuenca, advirtió el uso de datos desactualizados, errores en los cálculos presupuestarios, falta de precisiones sobre los mecanismos de control y ausencia de acciones puntuales para relocalizar asentamientos y empresas.