Un violador de menores y alguien que orina en la vía pública representan lo mismo para la legislación de Estados Unidos, según denunció ayer el organismo internacional Human Right Watch (HWR) luego de realizar un estudio de dos años sobre las leyes de “delitos sexuales” de ese país. Según el informe, las personas condenadas por esos dos tipos de conductas y muchos otros, de diferente gravedad, son ingresadas en el Registro Nacional Obligatorio de “delincuentes sexuales”, en el que se publica su foto, nombre, dirección y hasta la patente de su vehículo.

La lista de crímenes sexuales de Estados Unidos incluye mantener relaciones consensuadas con un menor de edad, así se tenga o no más de 18 años –con lo que una pareja de adolescentes que tiene un contacto sexual es considerada infractora–, desnudarse en público, aunque sea como parte de una broma, orinar en la calle o la vereda, y ejercer la prostitución. Cualquiera que sea hallado culpable de alguna de estas “faltas” es inscripto en el registro, sostuvo HRW.

Para el organismo internacional, la “inflexibilidad y puritanismo” de las normas estadounidenses llevan al acoso y marginación de quienes las infringen pero no necesariamente protegen a los menores de edad de ser violados o abusados. Esas leyes, siempre según HWR, violan los derechos básicos de los condenados por delitos sexuales y no diferencian entre criminales recurrentes y personas juzgadas por infracciones nimias.

Así, en la actualidad hay más de 600 mil personas que figuran en aquel país como delincuentes sexuales, “incluyendo hombres y mujeres convictas por crímenes no violentos como el sexo consensuado entre adolescentes y la prostitución, así como aquellos que cometieron su único delito hace décadas”, afirmó la organización de derechos humanos.

Pero el problema no sólo es la falta de distinción entre diferentes infracciones a las leyes sexuales, sino el alcance y la difusión que tiene el listado obligatorio. “Los registros de delincuentes sexuales son de acceso público vía Internet y proporcionan el historial del registrado, que incluye foto, dirección actual y otras informaciones como la matrícula de su auto”, señala el informe.

Esa particularidad en muchos casos invierte el peligro y termina poniendo en riesgo a quienes aparecen en la página web del registro. Según el informe, al menos “cuatro personas incluidas en el listado fueron asesinadas por gente que encontró sus nombres y direcciones en los registros de Internet”. No obstante, para la organización humanitaria “no hay evidencias de que esta forma de notificación pública sirva para prevenir la violencia sexual”.

Jamie Fellner, director del programa estadounidense de HWR, aseveró que “la gente se cree que cualquiera que esté en el registro de delincuentes sexuales es peligroso”. Y agregó: “¿Pero qué sentido tiene pedirle que se registre a un adolescente que hizo exhibicionismo como parte de una broma estudiantil o incluso a alguien que molestó a un menor hace 30 años?”.

En el mismo sentido, la ley prohíbe a quienes están en el listado vivir a menos de 150 metros y en algunos casos de hasta 750 metros, de escuelas, plazas y guarderías. “Muchas de estas restricciones se aplican a personas que fueron condenadas por infracciones que no tienen nada que ver con el abuso de niños”, manifestó HRW, que en el informe pide que se deje de lado este tipo de reglas injustas.

“En relación con los agresores que sí abusaron a niños, los datos disponibles sugieren que prohibirles vivir cerca de un lugar donde se reúnen menores no reduce las probabilidades de que reincidan”, asevera en uno de sus párrafos el estudio. En esa línea, Fellner manifestó que “HWR está de acuerdo en que hay que proteger a los niños del abuso sexual, pero las actuales leyes están mal concebidas y mal redactadas”.