El conflicto desatado el lunes cuando un juez porteño determinó la subasta de un paraje de 2200 hectáreas de la localidad cordobesa de Olivares de San Nicolás, propiedad de una importante empresa olivera, comenzó a desenredarse ayer. Olivares y Viñedos San Nicolás S.A. había denunciado que el Banco Francés intentaba “rematar todo el pueblo”, incluyendo las casas de las familias de trabajadores de la olivera. Ayer, la entidad financiera esgrimió una propuesta que elimina ese argumento de la discusión: sugirió que la empresa escriture a nombre de los trabajadores el predio que ocupan, en el marco de una venta simbólica a “un peso”. Así, la parcela donde están afincados quedaría por fuera de la garantía a un crédito por el que la empresa actualmente debe al menos un millón de dólares. La firma se mostró favorable a aceptar la iniciativa.

Ambas partes se manifestaron ayer a favor del acuerdo, que debería efectivizarse antes del 18 de diciembre próximo, fecha determinada por el juez civil porteño Carlos Molina Portela para la subasta del terreno de 2200 hectáreas presentado por la empresa como garantía al solicitar un préstamo por el que debe actualmente alrededor de un millón de dólares. De producirse el acuerdo, el Banco Francés renunciaría a sus derechos de cobro por esas 20 hectáreas y los olivarenses conservarían su hogar y la iglesia, la escuelita, la sala sanitaria y el juzgado de Paz seguirían funcionando.

No obstante, la entidad crediticia seguirá en la puja por el pago de la deuda, cuya garantía serán las restantes 2180 hectáreas. Pero para la empresa eso supondría “perder el argumento humanitario” que discute la subasta: el territorio en litigio es habitado por 800 personas.

Así lo denunció el director de Relaciones Institucionales del Banco Francés, Gonzalo Verdomar Weiss, quien también recomendó a los olivarenses no preocuparse: “Una cosa es la importante deuda contraída por la empresa en junio de 1993, que fue dejada de pagar al poco tiempo, y otra es que el banco vaya a rematar a la gente”. Según el vocero, hubo varias instancias de renegociación de la deuda, contraída por la olivera luego de algunas malas cosechas, pero “todas se cayeron porque la empresa dejaba de pagar”. Se llegó al 30 de mayo pasado como fecha para el remate.

Entonces, el Ministerio de Justicia cordobés intervino y la subasta se pospuso. Es que si bien es legítimo el recurso utilizado por el banco para solicitar la subasta, la olivera adujo que se trataba de un intento “de remate de un pueblo” y denunció que no se les dio tiempo para pagar. Este dispositivo “de protección” fue, según Verdomar, utilizado en varias oportunidades, aun cuando la empresa se autonomina “poseedora de la mayor plantación orgánica de olivos en el mundo”. Y allí es donde el banco esgrime un nuevo argumento: “Si el negocio dejó de ser rentable será mejor un nuevo inversor, y será más virtuoso para el pueblo porque la inversión provocará más y mejor empleo”. Entre medio de tantos dichos cruzados, al menos 800 trabajadores de los olivares esperan no perder su vivienda.