Uruguay se convirtió en el sexto país del mundo –tras Holanda, Bélgica, España, Canadá y Sudáfrica– y primero en América latina en aprobar un proyecto de ley que legaliza la relación entre parejas del mismo sexo. La flamante norma, sancionada en el Senado con 17 votos favor y 7 en contra, iguala los derechos y obligaciones que la legislación uruguaya establece para las parejas heterosexuales, excepto la posibilidad de casarse y adoptar hijos.

La norma permite que las parejas del mismo sexo inscriban su unión en un registro y accedan a los mismos beneficios sociales de que gozan las parejas heterosexuales. Una vez reglamentada la ley de “unión concubinaria” –como la denomina el proyecto–, en los próximos días, por el presidente Tabaré Vázquez, las parejas que convivan más de cinco años podrán inscribirse en un registro. Las que lo hagan tendrán derechos y obligaciones concernientes a la asistencia recíproca, la creación de sociedad de bienes, los derechos sucesorios y el cobro de pensiones por fallecimiento, entre otros.

Según datos oficiales, la iniciativa aprobada el martes beneficiará al 40 por ciento de las parejas uruguayas, ya que no sólo beneficia a las parejas del mismo sexo sino a las uniones heterosexuales de hecho. “No había ninguna regulación para estas parejas y como consecuencia no tenían ningún derecho. Esto es una consecuencia de una lucha de 15 años para lograr el reconocimiento legal”, comentó a Página/12 Clara Fassler, coordinadora de la ONG Red Género y Familia. “Pero la ley tiene una laguna. No hace mención a la posibilidad de que las parejas homosexuales o lesbianas adopten un niño o una niña conjuntamente. En parte porque el tema aún está verde en la sociedad uruguaya”, dijo Fassler.

Al respecto se pronunció la senadora Margarita Percovich, una de las impulsoras del proyecto, quien explicó a este diario que “el Código de la Niñez y la Adolescencia autoriza la adopción sin que importe la orientación sexual, pero se omitió ese tema en la propuesta para lograr que se aprobara en el recinto. Si uno de los integrante de la pareja adopta un chico, en caso de separación la otra persona tendrá derechos sobre el menor, ya que es parte de la vida del chico”.

Algo similar opinó, en dialogo con Página/12, Mauricio Coitiña, secretario del Colectivo Ovejas Negras: “La norma es muy positiva, porque va en el camino de lograr la equidad de género, aunque no reconoce para las uniones del mismo sexo todos los derechos que tienen los matrimonios, como la posibilidad de adopción”. En principio, la propuesta permitía a las uniones civiles “heterosexuales” adoptar, pero “los activistas insistimos que el derecho sea para todas las parejas o ninguna, puesto que sería discriminatorio para las parejas gays”, señaló Coitiña. Salvo en Bélgica, en los demás países que aprobaron en los últimos nueve años normas de este tipo, las parejas del mismo sexo pueden adoptar chicos legalmente.

Para Fassler, además, es una “aceptación del Estado, pero también de la sociedad, a otras formas de vivir en pareja o armar familias diferente al matrimonio”. En tanto, Coitiña consideró que “la ley tiene como punto negativo el lapso de cinco años de convivencia que dispone para acceder a los derechos que establece. En la ciudad de Buenos Aires es de dos años, mientras en los países que fue aprobada es de menos tiempo”.

Más allá de la flamante ley, las organizaciones que defienden y promueven los derechos de los homosexuales y lesbianas anticiparon que sus próximos pasos apuntarán a lograr equidad en las políticas sociales y sanitarias.

En diálogo con Página/12, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti, consideró que el proyecto de “unión concubinaria” sancionado en Uruguay “es un antecedente en Latinoamérica muy importante que ojalá sirva para sensibilizar a los diputados y senadores nacionales para que reconozcan los derechos de los gays y lesbianas”. En el país reconocen la unión civil la ciudad de Buenos Aires, Río Negro y la ciudad de Villa Carlos Paz, en Córdoba. Además (ver recuadro), hay una propuesta de unión civil y otra de matrimonio en el Congreso.

Informe: Esteban Vera.