“La idea de formar esta fundación tiene que ver con la necesidad de incrementar las acciones tendientes a preservar los derechos humanos y el trabajo en la Argentina.” El abogado Rodolfo Yanzón, en diálogo con Página/12, explicó las razones de la creación de la Fundación La Alameda, cuyo lanzamiento formal se produjo el martes. Se trata de la primera ONG dedicada en el país al tratamiento de casos de trabajo esclavo. Gustavo Vera, presidente de la ONG, aseguró que se trata de “un logro que no cayó del cielo”, sino que es el resultado “de la labor desarrollada en los últimos dos años por costureros, militantes y un puñado de profesionales e intelectuales que, más allá de sus posturas político-partidarias, lucharon contra el trabajo esclavo y el tráfico de personas en la industria de la indumentaria”.

La idea fundacional, surgida en 2005, se aceleró a partir de marzo de 2006, cuando el incendio de un taller de la calle Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, produjo la muerte de seis personas de nacionalidad boliviana que trabajaban y vivían en el lugar en condiciones infrahumanas. Yanzón, patrocinante de una causa en la que se formularon cargos contra los propietarios de 85 marcas de indumentaria, algunas de ellas de primera línea, es el secretario general de la Fundación La Alameda. “El proyecto cobró impulso con el descubrimiento de cientos de talleres clandestinos, sólo en la Capital Federal, porque en el conurbano son muchos más, donde trabajaban y trabajan miles de personas que son esclavizadas por los dueños de esos lugares.” Yanzón resaltó que la labor realizada les permite asegurar que esa situación de ilegalidad contó con la complicidad “por acción u omisión de la Policía Federal y la Dirección de Migraciones”.

“Con la creación de la fundación vamos a poder incrementar la tarea que veníamos realizando, a la vez que nos permitirá desarrollar áreas de estudio, de debate y de capacitación a otros compañeros para hacer respetar los derechos humanos en el trabajo”, resaltó Yanzón. Otros miembros de la ONG son el socialista Mario Ganora (vicepresidente), ex funcionario de la Defensoría del Pueblo de la ciudad; el tesorero es Néstor Escudero, militante de la Unión de Trabajadores Costureros y de la Cooperativa 20 de Diciembre, y Alejandro Pereyra, ex subsecretario de Trabajo porteño, que impulsó la investigación contra le empresa Kosiuko, una de las grandes firmas involucradas en la causa que lleva el juez federal Norberto Oyarbide.

Gustavo Vera recordó que fueron la Cooperativa 20 de Diciembre, la Unión de Trabajadores Costureros y el Centro Comunitario La Alameda los que encabezaron la lucha “acompañados primero por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y luego por la Subsecretaría de Trabajo porteña y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)”. El trabajo realizado permitió “acelerar el programa de radicación gratuita de los migrantes a través del programa Patria Grande y rebajar casi a cero los aranceles para obtener la documentación que ellos necesitaban”.

En el marco de la causa judicial, además del procesamiento de los talleristas, se logró la imputación a 85 marcas reconocidas y se puso sobre el tapete que “el sistema clandestino funcionaba aceitadamente con la complicidad de la mayoría de los cuerpos de inspectores del Estado y mediante una alianza corrupta entre varias comisarías y el ex cónsul de Bolivia en la Argentina Albaro Gonzales Quint”, recordó Vera.

Lo que se busca ahora, con la fundación, es “centralizar y potenciar la lucha contra el trabajo esclavo”. En ese sentido se brindará asesoramiento gremial y jurídico a los costureros “tanto de los talleres clandestinos como de las fábricas registradas”. Los abogados se constituirán en querellantes en todas las causas relacionadas con el tema y se capacitarán “nuevos cuerpos de delegados y de abogados que se sumarán a la lucha que iniciamos en 2005”. Otros miembros de la fundación son Ariel Lieutier, ex funcionario del gobierno porteño; el abogado Luis Palmeiro, que patrocinó en forma gratuita a los primeros denunciantes de los talleres clandestinos; Carlos Beisun, otro ex colaborador en la gestión de Aníbal Ibarra, y los ex empleados de la Subsecretaría de Trabajo Fernando Gelfo y Fernando Saks.