Martes, 1 de abril de 2008 | Hoy
Por Pedro Lipcovich
¿Qué obstáculos suelen presentarse cuando se quiere adecuar la atención en salud mental a los estándares en derechos humanos?
–Los profesionales y el personal de los hospitales generales pueden estigmatizar esta atención y poner trabas a la constitución de servicios de salud mental. La OPS destaca que la salud mental debe atenderse en los hospitales generales, en la perspectiva de, paulatinamente, reducir y poner fin a la internación en establecimientos psiquiátricos.
–¿Qué otros factores pueden retrasar la reforma de la salud mental?
–El prejuicio de la “peligrosidad”. Sostener que las personas con discapacidad mental van a presentar actitudes de violencia y que por eso no pueden estar en el hospital general, como los demás, vulnera los derechos humanos: las personas con trastorno mental son discriminadas sobre la base de una supuesta peligrosidad que ha sido desmentida totalmente por los datos de salud pública.
–La Constitución y la Ley de Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires plantean algunos criterios compatibles con los estándares de derechos humanos, pero, según entidades de derechos humanos, no se han puesto en práctica...
–En muchos países, luego del importante paso de formular una ley que incorpore los estándares internacionales de salud mental, no se la ha puesto en práctica. Estas leyes deben ser implementadas incluyendo una orientación del presupuesto que priorice, no ya el hospital psiquiátrico, sino la atención primaria, el hospital general, los sistemas comunitarios. Y éstos deben estar bien separados del psiquiátrico; hemos visto casas de medio camino situadas a metros de un hospital psiquiátrico, a donde resulta demasiado fácil volver a buscar la atención en salud mental.
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