No estar demasiado tiempo quieto. Ese parece ser la receta que los padres de los nueve estudiantes secundarios del colegio Ecos que fallecieron implementaron para no perder la batalla contra la tristeza. Es que, desde que sucedió el accidente fatal que les arrebató la vida de sus hijos, se unieron al frente de la lucha por la seguridad vial y la problemática del tránsito a lo largo y ancho de todas las rutas que atraviesan la Argentina. En la última reunión que mantuvieron con el ministro del interior, Florencio Randazzo, el martes pasado, reclamaron por la adhesión de todas las provincias a la Ley de Seguridad Vial. Como respuesta, el funcionario les dio el “compromiso de redoblar el esfuerzo desde el Gobierno para lograr que todas las provincias apliquen la normativa nacional en el menor tiempo posible”.

Fuentes de esa cartera aseguraron que si bien todos los gobernadores han expresado su voluntad política de ajustar sus cuerpos legislativos para comenzar a aplicar la ley nacional lo antes posible, sólo unas pocas lo han confirmado, entre las que se cuentan Jujuy, Mendoza y Misiones.

A pocas semanas de sucedida la tragedia de Santa Fe, los padres elaboraron un petitorio que sostuvieron como su estandarte a lo largo del camino recorrido. La elaboración de una ley integral de seguridad vial figura entre los puntos principales de ese pedido formal que repartieron por cielo y tierra, y que llevaron hasta el escritorio del entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Documento cuyo objetivo primordial es que se considere la problemática de la seguridad vial como una política de estado y que, al día de hoy, cuenta con más de 388 mil adhesiones.

Finalmente, y tras trabajar varios meses en su redacción –labor de la que participaron el grupo de padres de la tragedia de Santa Fe, entre otras organizaciones– en abril pasado, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Seguridad vial que crea, entre otras cosas, un registro único de antecedentes de tránsito para todos los ciudadanos del país. Sin embargo, más allá de significar un avance en la discusión sobre el tema, los avances concretos tardan en verse.

Un ejemplo es la provincia de Buenos Aires que, a seis meses de sancionada la ley, sigue dudando sobre su aplicación en su territorio. Al respecto, las Madres del Dolor –una de las organizaciones que ya venía trabajando en la problemática del tránsito y a las que se plegaron los padres de la tragedia de Santa Fe– denunciaron públicamente “el vacío legal que existe en la provincia”. En respuesta, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, aseguró que Buenos Aires se plegará a la ley en cuanto se termine de reglamentar, hecho que debería terminar de realizarse a fines de mes.