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“Lo que hicieron con la señora es un abuso de poder. Vi el informe el día que salió al aire sin saber que le habían mentido, y me pareció terrible la exposición a la que había sido sometida. Sentí, como espectadora, que esa mujer no estaba contenida. No era una funcionaria pública que estaba cometiendo un desfalco: era una mujer en una situación extrema, de abandono social”, cuestionó la periodista Silvina Molina, especializada en temas sociales y de género, e integrante de la PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista. Molina, de la revista on line Periodismo Social, fue una de las voces de medios de prensa que criticaron la utilización de una cámara oculta en el programa televisivo 70.20.10, que se emitió por Canal 13 el sábado 11 de julio, que tuvo como eje el testimonio de una mujer de 77 años en situación de prostitución que –según denunció– había pedido que no la filmaran. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que agrupa a unos 270 socios, debatió el caso y esta semana emitió un comunicado en el que hizo público también su repudio al procedimiento periodístico usado para grabar a la mujer.

“Fopea ha tenido históricamente una mirada crítica hacia la utilización abusiva de cámaras ocultas, y en 2006 plasmó una postura al respecto en su Código de Etica. Sólo en casos excepcionales, y si no hubiera otra opción, quienes integramos el Foro creemos que el registro subrepticio de un testimonio puede ser útil para dar cuenta de una información de interés público, siempre y cuando no se vulneren derechos personales y no se ponga en riesgo la salud, el trabajo o la vida de una fuente. Este extremo, queda claro, se ubica en las antípodas de lo ocurrido en el programa en cuestión”, dice el comunicado de prensa de la entidad que preside el periodista Gabriel Micchi y tiene entre sus miembros a Magdalena Ruiz Guiñazú, María Seoane, Isidoro Gilbert, Daniel Santoro, Edgardo Esteban, María O`Donnell, y Roberto Guareschi.

La psicóloga y periodista de Canal 13 Liliana Hendel, miembro de la Red PAR (que reúne más de cien integrantes) también condenó el uso abusivo de la cámara. Hendel consideró que “si lo que se expuso públicamente trae como consecuencia la pérdida del trabajo, eso es vulnerar el derecho a trabajar. Si produce ruptura de lazos familiares, ya que seres queridos de quien ha sido vulnerada ahora la desprecian, eso es vulnerar el derecho a la salud y a la familia. Si todo eso le pasa a una mujer mayor, en situación de prostitución, sin recursos para defenderse, ni emocionales ni económicos, estamos hablando de una mujer en situación de vulnerabilidad, alguien, a quien la cámara que decía estar apagada y no lo estaba, expone a una situación de riesgo mayor”. Además, Hendel cuestionó que “ninguna de las personas que se dicen periodistas y produjeron y difundieron esa nota se hizo cargo del enorme daño producido en la mujer, abuela, prostituta, y en su familia”.

“Resulta evidente que, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, la cámara oculta del programa 70.20.10 arrasó con el derecho a la intimidad de la persona que apareció en el informe citado. El Código de Etica de Fopea, como muchos otros en el mundo, promueve el ‘tratamiento honesto de la información’, y en este caso ni siquiera se tuvo en cuenta que la víctima, de avanzada edad, podría ver afectada su salud al hacerse público un testimonio que ella intentó mantener en reserva en todo momento”, agrega el comunicado de Fopea.

Luis María Otero, periodista de la Red PAR y editor del Boletín de Género de Argentina, también repudió el procedimiento periodístico del programa. “El haber mentido a una anciana, el haberse burlado de una mujer que ejerce la prostitución, el haberla espiado con una cámara escondida, muestra el concepto prostibulario de quienes producen y conducen el programa. Prostibulario desde el prostituidor, que aquí exhibe sus peores lacras: el engaño, el fisgoneo malsano de la sexualidad de las mujeres, el desprecio y la impunidad que le confiere el dinero”, opinó.