El caso de la joven santafesina Ana María Acevedo es emblemático. Tenía 19 años cuando le diagnosticaron un cáncer en la mandíbula. Poco después se supo que estaba embarazada. Tenía tres hijos y era muy pobre. Aunque en la Argentina no es punible el aborto cuando peligra la vida o la salud de la mujer, médicos del Hospital Iturraspe, dependiente del gobierno provincial, se rehusaron a practicarle una interrupción de embarazo, como ella solicitó. Y también se negaron a iniciarle el tratamiento que requería su cuadro, para preservar la vida del feto.

Ana María tenía fuertes dolores. El 26 de abril de 2007, cuando cumple 22 semanas de gestación, los médicos decidieron adelantar el parto y realizarle una cesárea, a raíz del dramático estado de salud de la mujer. La beba murió a las 24 horas. Después de un rápido deterioro de salud, Ana María falleció el 17 de mayo de 2007.

La causa judicial por su muerte la llevan adelante abogadas de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe. Por primera vez en el país, se procesó a los médicos involucrados por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sentando el precedente de que no practicar un aborto legal puede constituirse en delito. La resolución –nominada al concurso de mejores decisiones judiciales– es del juez Eduardo Pocoví. Los procesados son el ex director del Iturraspe, Andrés Ellena, y los jefes de los servicio de Oncología, César Blajman, y de Ginecología, Raúl Alejandro Musacchio, por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves culposas en concurso real”; mientras que los médicos Jorge Venanzi, oncólogo radiólogo del mismo hospital; Sandra Barbieri, directora del hospital Samco de la localidad santafesina de Vera, y José Manuel García, presidente del Concejo de Administración de ese centro de salud, lo están por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.