Uno de los fallos nominados al premio Mallete es el del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (Cedeao) que el 27 de octubre de 2008 encontró a Níger responsable por no proteger a una ciudadana de la esclavitud sexual y lo condenó a pagar una suma de 23.100 dólares. La sentencia tiene que ver con el caso de una mujer que en 1996, cuando tenía 12 años, fue vendida al jefe de su tribu, siguiendo la práctica de Wahiya, que consiste en adquirir una niña joven, generalmente una esclava, para que trabaje como sirvienta y como concubina. La chica quedó al servicio de su amo, quien podía tener relaciones sexuales con ella en cualquier momento que lo quisiera. El hombre la violó antes de que cumpliera 13 años y durante casi 9 años ella fue su sirviente: se encargaba de todas las labores de la casa y a la vez cumplía el rol de concubina. La mujer dio a luz a cuatro hijos, dos de los cuales murieron. En agosto de 2005, el amo le dio un certificado de libertad. Ella decidió irse de la casa pero él se rehusó, diciendo que ella era su esposa y lo seguía siendo. Bajo el pretexto de visitar a su madre enferma, la joven escapó y nunca regresó.

En febrero de 2006, presentó una solicitud ante la corte civil y tradicional para que le otorgaran su deseo de ser una persona libre y vivir su vida en donde quisiera. El tribunal le concedió la solicitud y determinó que nunca había estado casada con su amo. Pero el hombre apeló ante la Corte de Primera Instancia y ganó. La mujer llevó su caso ante la Cámara Judicial de la Corte Suprema de Niamey y pidió que se aplicara la ley nacional contra la esclavitud y prácticas similares. La Corte revocó el fallo por razones formales. La mujer formó otra familia y contrajo matrimonio. Al enterarse de que se había casado, el antiguo amo presentó una denuncia penal contra ella por bigamia y ella y su hermano fueron arrestados. La mujer apeló y presentó una queja contra el hombre por esclavitud y una petición ante el Tribunal Comunitario de la Cedeao. El Tribunal determinó que la demandante había sido sometida a esclavitud por cerca de nueve años y concluyó que Níger era responsable tanto bajo el derecho internacional como el nacional por todas las violaciones de derechos humanos derivadas de la esclavitud debido a su tolerancia, pasividad, inacción y abstención respecto de la práctica de la esclavitud.