La incorporación de traductores de wolof, lengua nativa de Senegal, fue una de las preocupaciones centrales de los magistrados que votaron a favor del hábeas corpus colectivo. Uno de ellos, Luis Lozano, aseguró que es “un dialecto prácticamente desconocido en nuestro país, del que no existen traductores oficiales, y que proviene de un país que no posee representación consular en la Argentina”. Lozano arriesgó soluciones para este “agravio” que afecta “el derecho de defensa por ausencia de un intérprete capaz de hacer conocer sus derechos desde el primer momento que el presunto contraventor toma contacto con los agentes estatales”.

El magistrado mencionó, como mecanismos efectivos, munir a la fuerzas del orden con “carteles o grabaciones de voz con mensajes apropiados para comunicar en qué consiste el procedimiento, cuál es la conducta reprochada, cuáles las circunstancias que excluyen la sanción, los derechos que asisten a quien es abordado por la fuerza pública, del mismo modo que posibilitar que las manifestaciones que esa persona estime oportuno realizar puedan ser comprendidas en lo indispensable por la fuerza pública”. En este último caso, agregó, “pueden emplearse también carteles con mensajes o signos que puedan ser interpretados por quienes no hablan el idioma wolof”.