La diputada porteña María José Lubertino presentó un proyecto de ley que propone prohibir la instalación permanente de imágenes o motivos religiosos en todos los edificios y espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fija un plazo de 18 meses para quitar las que ya existan. Plantea excepciones: podrán mantenerse en hospitales y cementerios “en tanto dichos elementos religiosos se encuentren en un espacio reservado y se garantice la multiplicidad de credos”. En Mendoza, una ONG –la Asociación Civil 20 de Setiembre, que defiende los valores del libre pensamiento– está realizando una campaña con el mismo objetivo desde el año pasado. Y en la provincia de Buenos Aires, el defensor general Gabriel Ganón les reclamó a las autoridades del departamento judicial de San Nicolás sacar de los tribunales las imágenes religiosas.

“El proyecto apunta al efectivo cumplimiento del principio de inviolabilidad de la libertad religiosa consagrado en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el laicismo del Estado en el ámbito porteño. Por ejemplo, que una persona sea llamada a declarar en sede judicial y que en la sala de audiencias, y por sobre los jueces, encontremos un crucifijo puede producir efectos de discriminación y presión sobre las legítimas convicciones de los justiciables”, manifestó Lubertino. El tema lo instaló unas semanas atrás la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, quien reveló en una entrevista que en el alto tribunal ya hay acuerdo entre varios integrantes para promover que se quiten las imágenes religiosas de las salas de audiencia de los tribunales. “Para la elaboración de este proyecto debimos comenzar por recordar lo obvio, esto es, que nuestro Estado es laico, no confesional”, sostuvo Lubertino. El proyecto fue girado a la Comisión de Cultura. Argibay había dicho: “Soy funcionaria de un Estado laico y recibo gente que puede tener todas las religiones o ninguna, eso significa la libertad de culto. Tener un símbolo religioso condiciona”, explicó Argibay el mes pasado. “En un tribunal oral no se les pide a los testigos que juren por alguna religión, ni por Dios o los santos evangelios, sino por sus creencias, no preguntamos cuáles, y atrás tenemos crucifijos. Entonces el señor dice: ‘¿Me querrán hacer jurar por eso?’. Y hay que explicarle que no. Entonces ¿para qué está ahí? Puede influir mal en un testigo, puede ser considerado una discriminación. En la sala de audiencias no sé cómo diablos hacer para sacarlo. Hasta ahora somos dos las que dijimos que hay que sacarlo. Dos mujeres”, aclaró. Y también, dijo que lo habló con el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral, quien se manifestó a favor.