Los proyectos de ley de Muerte Digna que esperan ser tratados en el Congreso se refieren al derecho de la limitación de los tratamientos médicos que mantienen a una persona con vida –no así a la facilitación directa de la muerte–. La diferencia fundamental entre las principales iniciativas es que, en caso de incapacidad del paciente respecto de la comunicación y toma de decisiones, el proyecto del senador Samuel Cabanchik contempla que un tercero responsable tome la decisión de suspender la conexión a soportes vitales, mientras que la del diputado Miguel Bonasso refiere sólo a la voluntad del afectado.

“Cuando el paciente esté en situación de incapacidad de hecho (...) la prestación de consentimiento se realizará por la persona designada específicamente a tal fin en la declaración de voluntad anticipada, por la persona que actúe como representante legal, por el cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad, por los familiares de grado más próximo”, establece el texto presentado en abril último por Cabanchik. En cambio, el proyecto de Bonasso plantea que “el rechazo o la revocatoria del consentimiento decidido por el paciente frente a determinado procedimiento o intervención sanitaria (en el caso de que el paciente no pudiere firmar) lo hará su representante legal o cónyuge, descendientes (etc.), quienes actuarán como testigos a su ruego, dejando constancia de su identificación y del motivo que impide la firma de aquél”.

Otros puntos fundamentales de ambas iniciativas sostienen que el paciente tenga derecho a pedir información sobre el estado de su salud y a realizar una declaración de voluntad en forma anticipada respecto del rechazo a la aplicación de procedimientos. En el país sólo tienen algún tipo de regulación sobre “muerte digna” las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.