A raíz de una demanda presentada por un ciudadano español, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que los usuarios de los motores de búsqueda, y en particular los de Google, pueden exigir que se supriman datos personales recopilados y conservados en sus servidores. El fallo obliga a partir de ahora a Google, o a cualquier otro motor de búsqueda, a suprimir, a petición de un usuario y después de cierto tiempo, cualquier información privada que le concierna. El caso se originó con una demanda presentada por el ciudadano español, que reclamaba la supresión de los resultados y los enlaces de Google donde su nombre aparecía asociado a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo en 1998. El caso comenzó cuando el español presentó una denuncia en 2010 ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra el periódico La Vanguardia y contra Google. El demandante solicitaba a La Vanguardia que eliminara dos páginas web del periódico en las que se anunciaba la subasta de 1998, y a Google “que eliminara u ocultara sus datos personales”, según señalaron los jueces. La AEPD desestimó la denuncia contra La Vanguardia porque “publicó legalmente la información”, pero Google debía tomar “las medidas necesarias para retirar los datos”. Google apeló y ahora el TJUE le dio la razón al demandante.