María Teresa Rivera trabajaba en una fábrica de ropa en El Salvador. Un día sintió muchas ganas de ir al baño. Y allí la encontraron un rato después tirada en el suelo y sangrando. Fue en noviembre de 2011. María Teresa tenía 28 años y tenía un hijo de 5 años que criaba sola. La llevaron de urgencia a un hospital. Le dijeron que había tenido un aborto, aunque ella no sabía que estaba embarazada. Pero una persona de la empresa la denunció a la policía, acusándola de haberse provocado la interrupción de la gestación. La joven fue juzgada y condenada a 40 años de prisión por homicidio agravado.

El juez que llevó el caso no le creyó cuando ella declaró que no sabía que estaba embarazada. La historia de María Teresa es emblemática y muestra las consecuencias de una ley que criminaliza el aborto, sin ninguna excepción. El jueves Amnistía Internacional lanzó una campaña para denunciar esta situación que afecta la vida de las mujeres en el país centroamericano. El Salvador es uno de los siete países de América latina donde el aborto está prohibido en forma total, junto a Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. El informe de Amnistía Internacional titulado “Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador” describe y cuenta distintos casos en los que se pone en primer plano cómo este tipo de normativa provoca la muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos.

La prohibición total del aborto en estos países se extiende incluso a los casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro, por lo que las mujeres cuyo estado de salud les impide llevar a término el embarazo se enfrentan a un dilema imposible: si abortan pueden ir a la cárcel y si no lo hacen pueden morir. En algunos casos, las mujeres que tienen abortos espontáneos son procesadas y pueden ser acusadas de homicidio y condenadas hasta a 40 años de cárcel, como le ocurrió a María Teresa.