La ley que despenalizó el aborto en Uruguay cumplirá dos años. “Asegura la salud de las mujeres con atenciones responsables y no clandestinas. Y tiene consecuencias muy importantes para el sistema sanitario al acercar a las mujeres al asesoramiento de las formas de prevención de los posibles futuros embarazos, incluida la ligadura tubaria, además de otros métodos de anticoncepción. Todo eso es gratis y confidencial”, destacó a modo de balance y ante una consulta la ex legisladora del Frente Amplio, Margarita Percovich, reconocida por su activismo por los derechos de las mujeres. La ley se aprobó en octubre de 2012 y dos meses después ya estaba reglamentada y comenzaba a cumplirse, con un fuerte compromiso de las autoridades sanitarias uruguayas y la resistencia de una minoría de médicos. Tal vez el logro más importante es que no se registraron muertes por aborto inseguro dentro del sistema de salud, subrayó Percovich. De todas formas, advirtió, se presume que todavía hay mujeres que recurren al circuito clandestino para interrumpir un embarazo debido a que no se ha realizado una campaña intensiva y clara de difusión de la ley. “Aunque el viceministro de Salud, Leonel Briozzo, es un militante del tema y ha hecho una reglamentación rápida y eficiente, falta la promoción de cartelería en los establecimientos sanitarios del Estado y, por supuesto, en los privados”, señaló Percovich, coordinadora de la Asociación Civil Ciudadanías en Red. “Por eso suponemos que hay mujeres que, por falta de información, siguen recurriendo a abortos clandestinos”, agregó. Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 se registraron 6676 abortos en el sistema sanitario, precisó.

En el inicio de la aplicación de la ley, alrededor de un 30 por ciento de los ginecólogos invocaron la objeción de conciencia para no cumplirla. Es decir, la amplia mayoría, 7 de cada 10 ginecólogos asumieron el compromiso de aplicarla, de acuerdo con estimaciones oficiales. El problema es que en algunos distritos del interior del país, como Salto y Durazno, apelaron a esa figura la totalidad de los ginecólogos para dar la espalda a las mujeres que necesitan un aborto, “con lo que el Ministerio de Salud ha tenido que implementar servicios que van desde Montevideo no todos los días. Esto complica la accesibilidad al servicio”, observó Percovich. Además, “la presión sobre las ginecólogas que tienen que cumplir esa función en estos departamentos es terrible. Y sobre las mujeres también porque todo el mundo se conoce y los ginecólogos de las familias ejercen una presión sobre las mujeres para que no aborten”, advirtió la ex diputada. “Lo increíble es que antes de que se aprobara la ley, esos mismos ginecólogos retiraban el misoprostol –con el que se realizan los abortos con medicamentos– de las farmacias de las mutualistas privadas o de los hospitales públicos. Bastó que se aprobara para que no pidieran más el medicamento. Obviamente antes realizaban los abortos y seguramente los cobraban privadamente. La hipocresía es flagrante.” Hay algunos casos más dramáticos, como el de una adolescente con discapacidad mental que fue violada y quiso abortar pero la mandaron desde el norte del país a Montevideo para realizar la interrupción de la gestación, contó Percovich. El Frente Amplio, impulsor de la despenalización del aborto, debió aceptar que la ley que finalmente se aprobó fuera más restrictiva de lo que pretendía, para lograr los votos necesarios para su sanción. La norma despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, siempre que la mujer siga con un laberíntico proceso de consulta, y hasta las 14 semanas si se trata de un embarazo producto de una violación. Tiene que atravesar cinco días de reflexión. En las propias filas del FA hubo resistencias a apoyar la iniciativa. Apenas aprobada, desde sectores conservadores lanzaron una campaña de recolección de firmas para llamar a un referéndum, con el objetivo de lograr su derogación. La consulta se hizo en junio de 2013, pero resultó un fiasco para sus impulsores al no conseguir la participación del 25 por ciento del electorado, necesaria para someter la ley a referéndum: apenas votó un 9 por ciento. “En el debate electoral que tenemos ante las elecciones de fines de octubre –indicó Percovich–, ninguno de los candidatos ha dicho que derogará la ley porque el resultado del plebiscito en su contra fue un estrepitoso fracaso para sus promotores. El miedo que tenemos es que se recorten los fondos que se destinan a que los servicios funcionen aceitadamente”, señaló Percovich.