La Corte Suprema de la Nación resolvió ayer en acordada que la Justicia mendocina es la que tiene competencia sobre la causa por las horrorosas condiciones de sobrevida de los presos de la Penitenciaría de Mendoza. De ese modo, consideró que no correspondía su propia competencia en el tema, más allá de las medidas de celeridad y urgencia que debió tomar en su momento. También sostuvo que los jueces federales de esa provincia son los que deben asumir cuando no se cumplen los requerimientos de la CIDH, que interviene en el caso. En pocas palabras, la Corte ordenó a la Justicia provincial hacerse cargo de sus obligaciones: intervenir en la cárcel para que se cumplan, aunque sea de a uno, los artículos de la Constitución dentro del penal. A todo esto, un acuerdo firmado en marzo entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la provincia de Mendoza cedió la dirección de la Penitenciaría a una administración nacional, aunque más que cesión huele a intervención. En el cargo fue designado Alejandro Marambio.