Viernes, 12 de junio de 2015 | Hoy
#NIUNAMENOS
Por Roxana Sandá
“Laura nunca se callaba; ustedes no saben lo valiente que era mi hermana”, dice Manuel a dos años de la violación y el femicidio de la trabajadora social Laura Iglesias, que apareció muerta en un descampado de Miramar, después de haber ido a ver a uno de sus tutelados del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Durante el juicio que se realizó esta semana en Mar del Plata, su coraje se hizo presente otra vez en compañerxs y familiares que reclaman el esclarecimiento del hecho. Habrá que ver si el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 querrá vincular su muerte con ese riesgo permanente que le pisaba los talones cada vez que recorría el territorio poniendo el cuerpo, militante apasionada en su asistencia a personas en conflicto con la ley penal. Hasta ahora, los jueces Eduardo Alemano, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro se limitan a relacionar el hecho con un caso aislado de inseguridad cometido por Sebastián Cuello, el único acusado por abuso sexual seguido de muerte, pese a los indicios fuertes de que participaron otras personas y a varias irregularidades en la investigación que señalan a la policía bonaerense.
“No hay intenciones de analizar que Cuello no pudo haber cometido solo el crimen”, explica Julieta Chevalier, una de las trabajadoras del Patronato que integra el colectivo Justicia por Laura Iglesias. Sí en cambio se vivieron momentos difíciles desde la primera audiencia, “cuando le tocó declarar a una compañera y describió la persecución policial que sufren lxs jóvenes de los barrios excluidos para obligarlos a delinquir”. Agregó que Laura manejaba esa información. “Puede suponerse entonces quiénes serían los posibles interesados en deshacerse de ella”, advierte Julieta. “Pero los jueces, lejos de sensibilizarse, la trataron de un modo inquisitorio, pidiéndole los nombres de lxs jóvenes que eran hostigados por la policía, como si desconocieran que estaban poniendo en riesgo la vida de esxs chicxs y de la trabajadora que declaraba.”
Hasta que se mudó a Miramar con una de sus hijas y su nieta, Laura vivía en Hurlingham, militaba en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y encabezaba un grupo de trabajadoras sociales del Patronato de Liberados proyectadas a generar un nuevo paradigma de inclusión social, plural y diversa. Su hija Lucía habla de “una mujer apasionada, que ponía todo de sí”, por eso descree de las fatalidades. El 29 de mayo de 2013 Laura iba a un curso del Patronato en Mar del Plata. El auto se quedó en el camino y la llevó una vecina. Después visitó a un tutelado y cerca de las 16.30 fue a rescatar su vehículo. La encontraron al otro día en un descampado, a unas treinta cuadras del centro de Miramar, golpeada y con un cordón que sujetaba su cuello a un arbusto. El informe forense confirmó golpes brutales, pero agregó que Laura se había defendido. La violaron más de una vez y murió por asfixia, estrangulada con el cordón de una zapatilla. “Por eso nos dolió mucho cuando las autoridades del Patronato vinieron al velatorio a decirnos que su muerte no había ocurrido durante las horas de trabajo. Me pareció un gesto miserable”, lamenta Manuel. Se acumulan reclamos: falta de herramientas estructurales, personal escaso, salarios apretados y las carencias de un plan que termina victimizando a lxs propixs trabajadorxs. Son deudas pendientes dirigidas a la presidenta del Patronato, Alejandra López; al ministro de Justicia, Ricardo Casal, y al gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
Julia Iglesias Makuc, otra de las hijas, sabe “que Cuello no actuó solo y que ella se defendió. Este pibe no tenía ni un rasguño, mientras que mi madre presentaba desgarros en las manos y golpes de todo tipo. Hubo una violencia tremenda”. La causa fue desdoblada y se encuentra en el Juzgado de Garantías Nº 4 de Mar del Plata; la revisión del expediente que hizo la policía científica de La Plata fue determinante: se estableció que en el hecho podría haber participado más de una persona.
Los familiares y lxs compañerxs de Laura se movilizaron al Congreso el 3 de junio, porque la convocatoria de Ni Una Menos les pareció un canal poderoso y mayoritario para pedir justicia. Los efectos de esa masividad, según Julieta, “sirvieron para despertar a la población y hacerle entender que la única manera de seguir adelante es seguir visibilizando esta problemática y poder inscribirla en el marco de una lucha histórica que fue dando el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres”.
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