El proyecto prevé la suspensión de la quema cuando por cualquier causa se cree un peligro de incendio y exige que la habilitación para quemar pastizales "será otorgada en forma específica" y que no existe "un criterio común en todo el territorio nacional de intervención inicial".

La norma establece que las autoridades competentes de cada jurisdicción deberán establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas, teniendo en cuenta parámetros climáticos, estacionales, regionales, la preservación de flora y fauna y mecanismos para prevenir el riesgo de propagación del fuego.

La norma no prevé sanción alguna a los transgresores y señala que las provincias fijarán un régimen de penalidades como apercibimientos, multas, suspensiones o revocaciones de autorización.

La legislación, denominada de "presupuestos mínimos de protección ambiental", define por "quema" a toda labor de "eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso de fuego".

En los fundamentos, el proyecto expresar que "la quema ha constituido una práctica recurrente del sector agropecuario que actualmente se ha tornado una actividad perimida e irresponsable" por "los avanzados conocimientos sobre conservación del suelo, protección de la biodiversidad y mitigación del cambio climático".

Recuerda las quemas producidas en la zona de las islas del Delta del Río de la Plata a fines de marzo y comienzos de abril que ocasionaron accidentes automovilísticos y afecciones respiratorias y afecciones oculares, que originó que en un solo día 175 personas debieran ser atendidas en hospitales porteños.

El texto original recibió modificaciones en el recinto luego de que el ex ministro de Educación aceptara modificaciones en varios artículos por sugerencias de legisladores del interior, como la salteña Sonia Escudero, la puntana Liliana Negre y el radical santacruceño Alfredo Martínez, entre otros.

Respaldaron la sanción con exposiciones públicas la tucumana Delia Pinchetti y la jujeña Liliana Fellner.