De esta manera, el oficialismo logró imponer el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, luego de un cuarto intermedio al que habían pasado los diputados a partir de un planteo del socialismo que pidió tiempo para analizar la propuesta de cambios que se introdujo al proyecto original.

La mayoría de los diputados de los bloques de la oposición se retiraron de la sala de reunión antes de que se iniciara el plenario, que comenzó cerca de las 17 con dos horas de demora, pero volvieron cuanto se retomó la reunión y se empezaron a firmar los dictámenes.

Con este dictamen de mayoría, el Frente para la Victoria llegará el jueves a la sesión especial convocada para las 10,30 en un proyecto que, entre kirchneristas y aliados, esperan que cuente con más de 140 votos favorables, a los que podrían sumar el respaldo del Partido Socialista que analiza apoyar en general.

Para lograr el apoyo de representantes de otros partidos, como los ex aristas de Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur de Claudio Lozano, que anunciaron su respaldo en general, el oficialismo accedió a realizar algunas modificaciones al proyecto enviado hace dos semanas por el Poder Ejecutivo.

Las modificaciones fueron leídas por el titular de la comisión.

El cambio más importante fue en el artículo 8, donde se estableció que los recursos que integran las cuentas de las AFJP únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Precisamente, en este artículo también se especifica que "queda prohibida la inversión de los fondos en el exterior" y el artículo 9 que explicita también que la Anses "no percibirá por la administración de los fondos comisión alguna de los aportantes al sistema".

Otro agregado clave para asegurarse el visto bueno de algunos aliados fue la introducción de un nuevo artículo que establece la creación en el ámbito de la Anses del Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo objeto será el monitoreo de los recursos del sistema.

El mismo estará integrado por un representante de la Anses, uno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dos del órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito de la Anses, tres de las organizaciones de los trabajadores, dos de las organizaciones empresariales, dos de las entidades bancarias y dos del Poder Legislativo (uno por cada Cámara).

En cuanto a la preservación del empleo de los trabajadores de las AFJP, se establece que a través de las áreas competentes se realizarán todos los actos necesarios "para garantizar" el empleo, a diferencia de la redacción original que sólo decía que se harían los actos necesarios "tendientes a preservar" el trabajo.

También, y a partir de otro planteo solicitado tanto por opositores como por algunos miembros del propio bloque oficialista, se aclaró que "la ley es de orden público" y que "quedarán derogadas todas las disposiciones legales que se le opongan".

La mayoría de la oposición, en tanto, no pudo consensuar una estrategia común en rechazo del proyecto oficial y presentó al menos 5 dictámenes de minoría.

Se trata del radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO y el Socialismo, a los que se suma el del diputado del FPV por Mendoza, ex titular de la comisión de Previsión de la cámara baja, Enrique Thomas, que junto con Felipe Solá también impulsan su propia propuesta de dictamen.

El radicalismo, por su parte, ofreció una conferencia de prensa en la que manifestó su rechazo "terminante" al proyecto del Poder Ejecutivo y calificó de "puro maquillaje" los cambios propuestos a la iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo.

La Coalición Cívica, en tanto, a través de la diputada Fernanda Reyes, ratificó su rechazo y reiteró la necesidad de crear una comisión bicameral que, en nueve meses, deberá presentar un diagnóstico que sirva como base para la redacción de un proyecto de reforma integral del sistema.

Finalmente, el PRO -el único que manifiesta su apoyo a la continuidad del sistema de capitalización- adhirió a una marcha convocada para mañana por diferentes organizaciones a la que asistirá el titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angelis, al Congreso para oponerse al proyecto oficial.