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La Justicia en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a una medida cautelar gestionada por el Ministerio de Planificación Federal y designó a un Interventor Judicial Veedor e Informante con facultades "de acceso a la totalidad de la actividad" de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.

La designación del Interventor Veedor dispuesta por el juez Furnari recayó en el contador José Luis Perrone, quien asumirá tareas en los próximos días.

Asimismo, el juez Esteban Furnari dispuso "no innovar" respecto de la integración del actual Directorio de ARSA y Austral, y de las facultades que detenta el actual Gerente General de la compañía, Julio Alak, representante del Estado Nacional, accionista minoritario de Aerolíneas.

El Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se hizo presente al mediodía en la sede central de la empresa, donde se reunió con Alak y el representante de los empleados en el Directorio, a quienes notificó de la decisión judicial.

En la oportunidad, en el lugar no se encontraba ningún Director representante del accionista mayoritario Interinvest, controlado por el grupo español Marsans.

Jaime expresó al periodismo que la medida fue decidida "ante la situación planteada el martes último, cuando (en Asamblea de Accionistas) se pretendió quitar toda facultad al actual Gerente General nombrando un adjunto (Jorge Molina) con igualdad de facultades, algo así como una administración paralela, que podría afectar la operatividad de las compañías".

En oportunidad de dicha Asamblea, agregó Jaime, "se impidió al Estado capitalizar los montos que ha venido desembolsando en la Sociedad", que cuantificó en 770 millones de pesos, desde junio a la fecha.

"La empresa esta en estado de disolución y el Estado propuso capitalizarla para evitarla", refirió el Secretario de Transporte, quien remarcó que la comunicada hoy "es una medida cautelar previa al proceso judicial".

Jaime puntualizó que la semana próxima se insistirá en la necesidad de que el Estado capitalice sus aportes en el Grupo Aerolíneas y que, mientras tanto "están totalmente garantizados los servicios de ambas compañías".

Al respecto, el funcionario afirmó que "tales aportes más los pasivos contingentes que Aerolíneas-Austral tienen con empresas del Estado nacional, serían suficientes para hacerse de la totalidad de las acciones de las compañías".

Transporte e Interinvest firmaron en julio último una Acta Acuerdo en procura de la adquisición por parte del Estado nacional de la totalidad de la participación accionaria en manos españolas.

A tal fin cada parte dispuso una valuación de activos que resultaron en una diferencia de mas de mil millones de dólares.

Mientras tanto, una Ley del Congreso autorizó el "rescate" de tales acciones en base a un precio que surgiría únicamente de la valoración efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El gobierno descartó convocar a un tercer evaluador, como se había acordado en el Acta previa a la Ley, y quedó planteado que el traspaso de las acciones se haría a un precio simbólico (de 1 peso), habida cuenta de la pesada deuda que afronta Aerolíneas.

El Balance 2007 cerró con un pasivo de 81 millones de pesos, y Transporte denunció que Interinvest no presentó el balance de corte a julio último, fecha en la cual se comunicó al Juzgado que interviene en el Concurso de ARSA una deuda de 890 millones de dólares.

En tanto, Jaime recordó que la Comisión Bicameral recomendó esta semana la expropiación de Aerolíneas-Austral, sobre lo cual se estima que en los próximos días podría conocerse un proyecto de Ley, y Marsans advirtió que podría recurrir a un reclamo económico ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.