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Fernández precisó que se trata del médico ginecólogo forense de la policía bonaerense, Carlos Pozzoni, quien aseguró que tiene "copia propia del documento, en el que consta quiénes participaron del peritaje y los testigos" en el hospital de San Fernando.

La absolución por el beneficio de la duda, a raíz de un formalismo, del ciudadano paraguayo Francisco Javier Centurión (45), adoptada ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro, fue criticada hoy por la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La víctima, de 20 años pero con mentalidad de 11 por un retraso madurativo, relató ante los jueces cómo era sometida por el acusado y el médico forense constató que tenía desfloración.

No obstante, ese peritaje fue incorporado a la causa sin firma ni sello, por lo que tuvo que ser desechado como prueba condenatoria ya que se trataba de la fotocopia de un fax que envió el médico como adelanto y se cortó en la parte inferior, donde figuraban sus datos.

Tanto los jueces del tribunal, como la Presidenta y el ministro Fernández cuestionaron con dureza a la fiscal que instruyó la causa, María del Carmen Gigante, quien hoy comenzó a ser investigada por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

"Leemos en el diario que por errores de una fiscal, el violador de una menor discapacitada queda en libertad. Esta es una noticia que se ha venido repitiendo desde siempre", dijo la presidenta en Olivos, en el acto de la licitación de obras para la autopista Presidente Perón.

"Cuando encontramos que queda gente en libertad pese a haber cometido un sinfín de delitos, teniendo los instrumentos y las leyes para que esas personas queden en prisión, creo que entonces la responsabilidad es de la Justicia", agregó Cristina.

Por su parte, la procuradora María del Carmen Falbo solicitó hoy la "información sumaria" de toda la causa, en la que consta que no sólo Gigante participó del expediente, sino también otros dos fiscales de instrucción y el del juicio, Diego Molina Pico, todos del Departamento Judicial de San Isidro.

Es que, si bien Gigante es la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Tigre que instruyó la causa, otro fiscal pidió la prisión preventiva y un tercero requirió la elevación a juicio oral ante el juez de Garantías de San Isidro a cargo de la causa, Rafael Sal Lari, quien también hizo lugar.

A raíz del escándalo del caso, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación recibió hoy a la madre de la víctima y a su abogado José Vera, ante quienes se comprometió a trabajar en el caso.

El ministro explicó que en cuanto la madre y el abogado se fueron de la reunión comenzaron a rastrear al médico al que los abogados de la cartera hallaron en una hora y media.

"Nuestros penalistas pudieron hablar con él y nos aportó alguna documentación que seguramente el abogado hará lo propio en las presentaciones ante el tribunal de casación", relató.

El ministro añadió que, además, el médico les aportó que "en el hospital de San Fernando hizo constar, porque recuerda el caso como si lo hubiese hecho el día de ayer, su presencia más los testigos que lo acompañaron en ese momento".

Fernández aclaró que "es muy simple llegar a él, simplemente hay que recorrer el camino al revés porque (al peritaje) no lo está haciendo cualquier persona que tenga vocación de hacerlo, lo está haciendo alguien que forma parte del cuerpo legal de la policía de la provincia que fue convocado a tal efecto".

"La posibilidad siempre existe de que todos tengamos algún error, lo que no tienen en estos casos es derecho a cometer un error, porque la justicia en los plazos, en los tiempos y en las formas, se sirve de los formalismos", manifestó.

"De hecho por un formalismo le ponen fina un proceso, una cosa que a nadie le gusta", concluyó el titular de la cartera de Justicia nacional.