Miércoles, 12 de agosto de 2009 | Hoy
01:24 › LUEGO DE OBTENER DICTAMEN DE COMISIóN
La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la diputada Graciela Camaño, consiguió el apoyo, en disidencia parcial, de los cuatros bloques de centroizquierda: SI, Proyecto Sur, Encuentro Popular y Diálogo por Buenos Aires. El oficialismo descuenta conseguir su aprobación, alrededor de la medianoche, que contempla una prórroga de un año.
El texto del oficialismo habilita la conformación de un equipo técnico-jurídico en el ámbito del Congreso Nacional para hacer un informe digital de cada una de las 1900 leyes que delegan facultades desde 1853 hasta la actualidad.
La propuesta del oficialismo fijó en 240 días –con la posibilidad de una única prórroga de 30 días más- el período para que la comisión conformada por ocho senadores y ocho diputados revise las facultades delegandas preexistentes.
La diputada nacional Vilma Ibarra explicó en la Comisión que su bloque disiente totalmente con los artículos 2, 3 y 4 de la propuesta oficial, con el argumento de que las facultades "deben estar siempre enmarcadas en la Constitución” y ser potestad única del Presidente, pero no de otros funcionarios.
Mientras tanto, la oposición anunció que rechazará en el recinto la iniciativa oficial y presentarán dictámenes en minoría. La sesión para tratar el tema en el recinto está convocada para las 14 de hoy.
El proyecto original, que recibió el rechazo de la UCR, la Coalición Cívica, el PRO y el socialismo, recibió algunas modificaciones pero no fue cambiado el período de un año previsto para la prórroga, lo que era reclamado por los sectores de centroizquierda.
De acuerdo con lo ocurrido en la comisión, esos cuatro bancadas votarían a favor de la prórroga en general y se opondrían en particular a determinados artículos de la ley.
El radicalismo y el PRO anunciaron que llevarán al recinto sus propios dictámenes de minoría, que giran en torno a una derogación absoluta de las facultades delegadas. Las diferencias entre oficialistas y opositores estuvieron centradas en si no hay una prórroga se generaría un "vacío técnico jurídico".
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