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También fueron condenados el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Tepedino (20 años), el ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos", Eugenio Guañabens Perelló (17 años) y el ex director de la escuela de infantería de Campo de Mayo, Jorge Osvaldo García(18 años). En tanto, fue absuelto el ex titular de la comisaría de Bella Vista Germán Montenegro.

Los acusados fueron juzgados por allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas.

Además, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dispuso que los represores condenados por los crímenes cometidos en Campo de Mayo entre 1976 y 1978 cumplan la pena en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El TOF 1 revocó en consecuencia las prisiones domiciliarias de Reynaldo Bignone, Carlos Tepedino y Eugenio Guañabens Perelló.

Antes de conocer su sentencia, el último presidente de facto de la dictadura militar, Reynaldo Bignone, afirmó que en la década del '70 hubo una "guerra irregular", en la cual las Fuerzas Armadas "tuvieron que intervenir para derrocar al terrorismo", cumpliendo "órdenes indiscutibles" emanadas de un gobierno democrático.

"Que fue una guerra nadie puede ponerlo en duda", dijo Bignone al sentarse frente al Tribunal para leer durante 40 minutos un escrito, por el que fue silbado y que provocó alguna risa irónica cuando cuestionó la existencia de 30 mil desaparecidos y los casos de robos de bebés nacidos de madres secuestradas en centros clandestinos de detención.

En ese sentido, señaló que "se machaca con la cifra de 30 mil desaparecidos y hasta una jueza de la Corte (por Carmen Argibay) figura en un listado, a esa cifra la dejaron asentada como verdad incontrastable y nunca se demostró más de ocho mil y se barajan 500 robos de bebes pero no llegan a los treinta y ninguno cometido por personal militar".

Además, "se nos tilda de represores y genocidas, en principio el término represión no es descalificante, la autoridad tiene el deber de reprimir los delitos de cualquier tipo y lo de genocida no resiste el menor análisis porque lo ocurrido en nuestro país no se ajusta en lo más mínimo a la definición internacional del delito de genocidio, sólo voceros del odio pueden sostener esto".

Al igual que quien lo precedió en la palabra, el también juzgado Santiago Omar Riveros, Bignone se hizo responsable por todas las órdenes impartidas a sus subordinados, aseguro que todas fueron "legítimas" y recordó que en la justicia militar existía hasta la pena de muerte para la desobediencia.