"Este es un pedido de hace tiempo de varios gobernadores. Es cierto que queremos devolver la tranquilidad a los cinco departamentos, pero el objetivo central es capturar a los miembros del EPP", sostuvo Lugo.

El vicepresidente Franco había declarado que escuchó en una reunión de ministros, este sábado, que "el objetivo principal de la ley de estado de excepción no era la captura" de los miembros del EPP, una organización guerrillera que opera en varios departamentos del norte del país. Y agregó que ahora "más que nunca" teme por su vida, aunque cree que hizo "lo correcto".

Inmediatamente el Congreso, dominado por la oposición y cercana a Franco, anunció que convocará al número dos del Poder Ejecutivo para que dé explicaciones sobre estas declaraciones. El clima político se ha tensado desde que Lugo anunció el viernes el pedido de estado de excepción para los departamentos de Amambay, San Pedro, Alto Paraguay, Presidente Hayes y Concepción, al norte y noreste de Asunción, la capital.

Lugo aseguró que la medida, contemplada en la Constitución de Paraguay, se propone dar seguridad a la ciudadanía, y que la vida en esas zonas del país vuelva a la normalidad. Garantizó que se respetará a la ciudadanía, y que el estado de excepción es al sólo efecto de la salida de los militares armados para rastrear a la organización armada EPP. "Sin estado de excepción, no se podría sacar a los militares", precisó Lugo. El ministro del Interior, Rafael Filizzola, explicó, por su parte, que "el gobierno no tiene un plazo para la captura de los integrantes del EPP" y recordó que el proyecto enviadopor el Ejecutivo al Senado pedía 60 días de estado de excepción, no los 30 días autorizados finalmente por el parlamento.

El estado de excepción habilita a las fuerzas armadas a cooperar con la policía en la parte operativa, además de optimizar los recursos humanos y materiales de los organismos de seguridad. La figura del estado de excepción está establecida en el artículo 288 de la Constitución nacional, "en caso de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella".