Carlos Heller, uno de los impulsores y redactores del proyecto, afirmó que aspira a que éste genere "grandes consensos" que permitan su sanción en la Cámara en el corto o mediano plazo.

La iniciativa apunta a reemplazar la ley de Entidades Financieras que rige desde 1977 y que fue impulsada por el entonces ministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz.

El proyecto, que fue firmado también por Martín Sabbatella, Jorge Rivas, Ariel Basteiro y Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) y Nélida Belous (Proyecto Progresista), concibe al sistema financiero "a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras", dijo Heller. El bloque de Partido de la Concertación-Forja, a través de Silvia Vázquez, también apoyó la iniciativa.

En una conferencia de prensa ofrecida en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja, el diputado precisó que la propuesta está orientada a satisfacer las necesidades crediticias de las micro empresas y las Pymes, obligando a los bancos a destinar el 40 por ciento de su cartera al sector.

"Tratamos que el sistema haga por medio de la regulación lo que nunca va a hacer en forma voluntaria", manifestó Heller cuando explicó su proyecto.

El texto diferencia a las entidades nacionales y extranjeras, que serán las que tengan más de un 30 por ciento de capital extranjero. Para estas entidades el proyecto incorpora "criterios más restrictivos para la actuación en el sistema financiero nacional" y establece un concepto "de reciprocidad con los países de origen".

A diferencia de la ley de Entidades Financieras vigente, que tiene una base liberal, el proyecto de Heller dispone "un listado taxativo de operaciones para los bancos comerciales con el criterio de banca universal" con lo que se abandona el concepto de admitir "toda operatoria que no se encuentre expresamente prohibida" de la ley actual.

En cuanto a las tasas de interés, la propuesta fija tasas de interés máximas para préstamos a micro y pequeñas empresas no superiores "en una proporción del 5 por ciento a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento" y también pone ese tope para los que se cobran en los préstamos personales inferiores a los 100 mil pesos.

Por otra parte, el proyecto crea la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central cuya misión consiste en la defensa y protección de los intereses de los usuarios financieros frente a los actos de las entidades financieras. También el texto encomienda al BCRA implementar un "Código de Conducta de las Entidades Financieras".