El juez consideró que "no se dan los elementos negativos" propuestos por Moyano como argumentos para el cierre de la causa en la que está acusado por "calumnias e injurias" ya que el querellante, Carlos Enrique Petroni, "no es un personaje público, ni un funcionario de gobierno que deba soportar críticas por su conducta oficial".

Moyano, a través de su abogado, tomó la nueva ley impulsada por el gobierno de Cristina Fernández que recortó los alcances de la figura "calumnias e injurias". Sin embargo, "las cuestionadas expresiones son asertivas, la presente querella no representaría un asunto de interés público y los protagonistas no se encuentran inmersos en una controversia judicial previa", sostuvo el fallo.

La denuncia contra Moyano fue formulada por Carlos Enrique Petroni, un ex dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en la década del 70, quien se sintió agraviado por una solicitada de desmentida de sus declaraciones ante dos juzgados que investigan causas por violaciones a los derechos humanos.

Petroni había denunciado ante el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga los crímenes atribuidos a la Triple A, y en uno de los "juicios por la verdad" que lleva adelante un tribunal marplatense, que el líder de la CGT tuvo en su juventud relación cercana con dos agrupaciones vinculadas con la organización paramilitar de ultraderecha: la Concentración Nacional Universitaria Peronista (CNU) y la Juventud Sindical Peronista (JSP).

Cuando en 2008 esos relatos trascendieron a la prensa, un hermano de Petroni, Fernando Héctor, firmó una solicitada publicada en el diario Clarín desmintiendo tales supuestos vínculos. Sobre esa solicitada se basó Moyano durante un seminario en la Biblioteca Nacional para negar sus supuestos vínculos que la banda que lideraba José López Rega: "El hermano dijo que el testigo está enfermo, así que no se puede tener en cuenta lo que dijo".