Los camaristas ratificaron los embargos de 3.647.000 pesos que la jueza impuso a Kammerath, a su sucesor Alejandro Cima y a un grupo de familiares y conocidos del primero, que se habrían beneficiado con la asignación "directa" de las frecuencias.

Las defensas de los imputados habían apelado el monto por excesivo, pero la Sala I de la Cámara, que meses atrás revocó una resolución que sobreseía a los imputados por el delito de peculado, sostuvo que el monto de los embargos fijado en primera instancia "no resulta exorbitante ni caprichoso".

Para tomar su decisión, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah tuvieron en cuenta el precio de venta de las acciones de una empresa, Macrocom, que se había beneficiado con el otorgamiento gratuito de las bandas asignadas en forma directa entre 1998 y 1999, cifra que rozó los 7 millones de dólares.

En agosto de 2009, al procesar a Kammerath, la Sala I había concluido que el ex funcionario y otros imputados, "montaron un esquema de asignación de bandas que buscaba beneficiar a personas de su círculo íntimo, para que luego éstas pudieran lucrar con su venta o asociación con interesados en intervenir en el sector".