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Fuentes allegadas a la investigación indicaron esta mañana que el magistrado basó su determinación en un dictamen del fiscal Alejandro Molina Pico, quien dictaminó a favor del desistimiento de esta acción en la que funcionarios del Ejecutivo de la Ciudad habían sido denunciados por "actos preparatorios de tortura".

La causa inicialmente se entabló en el fuero federal donde el juez Claudio Bonadío se declaró incompetente y lo remitió a la justicia de instrucción, en tanto otro expediente -también por la compra de las pistolas TASER- tramita la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña Andrea Danas.

Bonafini pedía, además, ser tenida como parte querellante, solicitud que fue rechazada por el juez Otero en una resolución luego confirmada por los magistrados Mauro Divito y Juan Cicciaro de la Sala Séptima de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

En tanto, en la causa que tramita la jueza Danas, el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, declaró, el 14 de mayo último, que desconocía si cuando se autorizó la adquisición de pistolas TASER se tuvo en cuenta el informe de Amnesty International que equiparó las descargas eléctricas de esas armas con la picana.

En esa oportunidad, el funcionario macrista explicó que "la compra fue detenida hace un tiempo, por lo cual hoy la Policía Metropolitana no cuenta con las armas Taser X-26", no obstante lo cual insistió en que "el uso correcto del arma no es letal ya que las descargas sólo duran cinco segundos".