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Amparado en la confidencialidad que le exige su rango diplomático, Sadous brindó información que, según dijo la diputada Graciela Camaño (Bloque Peronista), fue "sólida", "verosímil" y "absolutamente creíble", en una salida a mitad de la reunión que tuvo carácter secreto.

El presidente de la comisión, Alfredo Atanasof (Peronismo Federal), y el resto de los miembros de la comisión acataron, al terminar la reunión, la confidencialidad exigida, por lo que las declaraciones no pasaron la formalidad. Atanasof afirmó que para los diputados fue "muy importante" la presencia de Sadous porque el Parlamento "ha pedido tomar conocimiento en profundidad de un asunto que mucho nos preocupa", señaló.

"Ustedes saben -agregó el diputado- que la reunión es secreta pero hemos estado analizando durante cuatro horas y media aspectos de la relación" con Venezuela e indicó que "hemos tratado de avanzar en todas las cuestiones que nos generaban dudas".

Sobre el aporte de datos concretos, Atanasof recordó que "esto se está tramitando en la justicia" y aseguró que "el Parlamento no tiene ningún interés en interferir" pero "se encuentra en la situación republicana de averiguar e indagar", agregó.

El presidente de la comisión confirmó que los diputados "estamos en condiciones de seguir profundizando este tema" y se buscará "un mecanismo para obtener más aportes" que podrán surgir de empresarios o de ciudadanos, aunque precisó que no hay nombres ni fecha, por ahora, para nuevas reuniones.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, por su parte, afirmó que estaba "absolutamente convencido de que en las relaciones económicas entre la Argentina y Venezuela existió y existe una diplomacia paralela a la de nuestra Cancillería que estaría a cargo, fundamentalmente, del Ministerio de Planificación Federal, lo que vulnera la ley de ministerios". "Estoy igualmente convencido de que las relaciones comerciales establecidas se desarrollan mediante mecanismos que permiten la decisión discrecional o arbitraria de funcionarios de ambos países, lo que necesariamente deriva en corrupción. Es por esto que esta semana vamos a presentar un proyecto de ley para modificar esta forma escandalosa de comercio que hoy supera los dos mil millones de dólares anuales".

Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, mientras tanto, señaló que "el ministro de Planificación Julio De Vido es el próximo que deberá declarar en el Congreso por los negocios con Venezuela, porque es un funcionario clave para entender cómo se llevó adelante esa relación bilateral, cuya parte más sustantiva, la de los negocios, no pasaba por Cancillería". "Este mecanismo era organizado desde el Ministerio de Planificación y aparece con bastante claridad que desde allí se indicaba a las empresas argentinas que querían exportar a Venezuela con qué intermediarias debían concretar las negociaciones".