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La UE abre un expediente contra Francia por las deportaciones de gitanos

La Comisión Europea decidió lanzar un procedimiento de infracción contra Francia por violar presuntamente el principio de libertad de circulación de los ciudadanos europeos en el continente, al expulsar a miles de gitanos del país.

Luego de semanas de disputa con París por el tema que incluyó una abierta discusión en una cumbre de jefes de Estado, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque, se reunió hoy a puertas cerradas para evaluar si iniciaba alguna acción contra Francia. "Decidimos lanzar un procedimiento contravencional" contra Francia, dijo la comisaria de Justicia europea, Viviane Reding, al canal de televisión francés France-24.

Reding dijo que la medida obedece a que Francia nunca traspasó a su legislación nacional una directiva europea de 2004 que garantiza la libertad de movimiento por los países del bloque para todos los ciudadanos de la UE, sin ninguna distinción.

El gobierno francés del presidente Nicolas Sarkozy recibió una ola de críticas al ordenar en julio desmantelar campamentos ilegales de comunidades nómades y deportar desde entonces a 1800 gitanos a sus naciones de origen.

La vocera de la comisión, Pia Ahrenkilde, dijo que el órgano envió "una carta oficial de notificación a Francia" sobre el inicio del procedimiento en la que emplaza a París a ajustarse a las normas europeas para el 15 de octubre.

Si Francia no cumple el requerimiento, la comisión decidirá entonces si lleva a París ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la corte con sede en Luxemburgo que interpreta y aplica en litigio el derecho comunitario europeo, dijo la vocera. Si Francia cumple, el procedimiento quedará congelado, agregó

Ahrenkilde, citada por la agencia de noticias DPA.

París enfrenta dos cargos, uno por discriminación -una violación a la carta fundamental de la UE sobre los derechos humanos- y otro por violar las reglas de libertad de movimiento acordadas por el bloque en 2004. París dice que las expulsiones forman parte de una política contra la delincuencia y la inmigración ilegal, pero los críticos dicen que la medida se ensaña con una de las minorías más discriminadas y vulnerables de Europa.

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