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La decisión 1482, que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue publicada hoy en el Boletín Oficial, "observa en su totalidad el proyecto de ley 26.649", sancionado en la madrugada de ayer gracias al voto del vicepresidente Julio Cobos, a quien la primera mandataria calificó de "okupa".

En el decreto, con marcado contenido político y duras críticas al arco opositor, se advierte que "su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado", en sintonía con los conceptos expresados ayer por la jefa de Estado y varios funcionarios del Gobierno.

Dentro de los extensos considerandos, también se destaca la posible violación de uno de los artículos de la ley de Administración Financiera que establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

Para el Ejecutivo, "el mencionado quiebre del Sistema Previsional traería aparejado el desfinanciamiento del propio Estado, que debería volcar ingentes recursos para paliar tal déficit y desatender con ello otras áreas importantes de su accionar".

"Al parecer se trata de una maniobra o ardid para obligar el veto de la norma, especulando sacar de allí algún mezquino rédito político, pues pareciera que sólo se puede avanzar en tal idea descontando que otro, con responsabilidad en el gobierno de la cosa pública pare tanto dislate", añade en otro párrafo.

Tras recordar "antecedentes de declaración de emergencia previsional y descuentos del 13 por ciento a jubilados", apunta a "que cada vez que han tenido la oportunidad de acceder al gobierno quienes hoy quieren mostrarse como adalides del 82% móvil siempre resolvieron el dilema entre la sustentabilidad del sistema y los derechos de los jubilados en contra de estos últimos".

En ese marco, afirma que "desde la oposición buscan impedir que continúe la mejora constante, la recuperación de derechos, la reparación de los daños sufridos, en un marco de racionalidad, sustentabilidad y gradualidad que implica la mejora de todos".

En el decreto también se destaca que "hasta los propios postulantes reconocen públicamente que el financiamiento para el incremento propiciado se encontraría asegurado sólo para este año y el año venidero, sin saber explicar cómo se sustentaría en el tiempo la sanción de una Ley de tanta implicancia social".

Más adelante, se recuerda que "el tema previsional en la Argentina ha tenido su historia un pasado construido por erráticas decisiones macroeconómicas que hicieran colapsar varias veces el sistema previsional" y se hace una cronología de esos momentos, seguida por un repaso de los incrementos a los jubilados desde 2002, con énfasis en la ley de movilidad jubilatoria.

En la conclusión, explica que "el proyecto de ley implicaría destinar 9.280,32 millones de pesos para el período octubre diciembre del 2010 y 40.088,53 millones de pesos para 2011, no dice de dónde obtenerlos y está claro que la ANSES no los posee" y reitera: "Se trataría de una medida irresponsable que aparejaría la pronta quiebra no sólo del sistema sino del propio Estado".