Según fuentes diplomáticas, Francia confirmó la intención de modificar su legislación nacional con el fin de aplicar plenamente la legislación europea de 2004 sobre la libertad de los ciudadanos de la UE, que contempla garantías estrictas para quienes son expulsados a sus países de origen, como fue el caso de los gitanos rumanos y búlgaros deportados en agosto pasado. El 29 de septiembre, la Comisión exigió a París que aportara garantías, antes del 15 de octubre, sobre su voluntad de aplicar plenamente la legislación europea, con un calendario preciso, bajo amenaza de un proceso por infracción ante el Tribunal Europeo de Justicia.