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El abogado de Díaz y de González, Carlos Froment, calificó de "arbitraria" y "carente de fundamentación" la resolución que mantiene a sus clientes detenidos y destacó que los acusados no tienen antecedentes penales ni se fugaron cuando sabían que iban a ser detenidos.

Díaz está acusado de ser quien reclutó a la patota para llevar a cabo el ataque, durante una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados que habían sido despedidos, y González está señalado como quien amenazó a un equipo periodístico para que no registrara los hechos.

En tanto, las defensas de Favale y de Sánchez, acusados de ser los autores de los disparos que mataron a Ferreyra e hirir a otras tres personas, presentaron un recurso de queja para que Casación revise sus procesamientos luego que la Cámara del Crimen rechazó ese planteo.

En la causa también están detenidos Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, acusados de ser los que se llevaron las armas del lugar, y Salvador Pipitó, quien también amenazó al equipo periodístico.

La Cámara del Crimen confirmó en diciembre pasado el procesamiento de todos los acusados por considerar que llevaron a cabo el 20 de octubre "un plan criminal" en el que cada uno cumplió un rol distinto para atacar a empleados ferroviarios que con el apoyo de partidos de izquierda protestaban por los despidos.

La causa, que se encuentra en secreto de sumario, está a cargo de la jueza de instrucción Susana Wilma López, quien debe resolver si cita a indagatoria al secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y al dirigente Juan Carlos "Gallego" Fernández, e investiga a los policías que actuaron ese día por presunto mal desempeño.