El tema salarial "será diferido para el último momento", de un conjunto de ocho puntos que son discutidos a partir de "una contrapropuesta al acuerdo" inicial logrado la pasada semana y que fue desconocido por una reunión ampliada de la COB, explicó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro.

La sindical demanda, además de un aumento salarial superior al 10 por ciento fijado por el gobierno, la abrogación del decreto que instauró en 1985 el libre mercado, la reactivación del aparato productivo y la defensa de los seguros estatales de salud, entre otros.

Fuentes oficiales dijeron que es probable que el presidente Evo Morales se una a esta reunión. El mandatario defendió hoy en un acto público en Cochabamba la idea de "un aumento inversamente proporcional" a los ingresos: "quien gana menos recibe más aumento", dijo.

En una reiteración de su negativa de ajustar los salarios más allá del 10 por ciento propuesto, Morales señaló que "es nuestra obligación, junto al presidente, junto al gabinete cuidar la economía nacional, no podemos gastarnos la plata que tenemos, las reservas en especial, sólo para el salario, es un gran error". Sin embargo se preguntó "qué dirá el pueblo".

Morales rechazó usar las reservas del país, que llegan a 10.000 millones de dólares según datos oficiales, para financiar un aumento. Argumentó que servirán "sólo para producir más" y lamentó que la exigencia laboral haya provocado un conflicto que ya cumple dos semanas. "Jamás podemos engañar a los trabajadores, el único problema es que una reivindicación la convierten en una ambición", dijo el mandatario.

Según el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, "el incremento previsto de 10 por ciento (que entró en vigor en marzo, retroactivo a enero) significa 879 millones de bolivianos (125 millones de dólares anuales del presupuesto general)". "Si se diera curso al 15 por ciento, el incremento sería de 3558 millones de bolivianos (508 millones de dólares) para los trabajadores y empleados del Estado", agregó Coca, antes de concluir que "esto hace en términos económicos inviable ese pedido".

Cientos de trabajadores mineros, del sector de salud y maestros de las escuelas públicas permanecen desde el sábado en las afueras del edificio de la vicepresidencia boliviana, donde se realizan las negociaciones, a la espera de una solución del conflicto. Los sindicatos han persistido en su exigencia salarial y que, además, ésta abarque a todos los sectores, porque la oferta gubernamental del 10 por ciento sólo beneficia a la policía, maestros, trabajadores de la salud y militares. También reclaman por el alza del costo de vida que se refleja una inflación del 11 por ciento entre marzo 2010 y 2011.

El viernes se registró la jornada de mayor violencia desde que estalló el conflicto, al término de un enfrentamiento entre policías que dejó ocho heridos durante el corte de la principal ruta que vincula a las vecinas ciudades de La Paz y El Alto con el resto del país.