[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El conflicto entre los maestros de esa provincia y el gobierno de Daniel Peralta comenzó en marzo pasado, con demandas de incrementos salariales. La oferta del Ejecutivo fue del 25 por ciento, la mitad de la demanda. Y ante del desacuerdo, los reclamos fueron in crescendo al punto que los gremios cortaron rutas -una medida acompañada por padres y alumnos- y tomaron plantas petroleras.

Sileoni dijo que la oferta del gobierno santacruceño está dentro de "la pauta general en la que se han cerrado los salarios en la Argentina". Por lo tanto, dijo que "no tengo dudas que hay una relación con el proceso electoral, una clara intencionalidad política con la que se quiere poner en jaque la productividad de una provincia".

Para Randazzo, quienes mantienen la protesta "parecen verdaderos vándalos más que docentes" y fustigó la medida de fuerza al señalar que "están intentando desabastecer al país, lo que no van a lograr ya que estamos tomando medidas al respecto". "Lo que es llamativo es que algunos medios no hayan condenado la actitud de los docentes", dijo el ministro.

El pico máximo ocurrió anteayer, cuando hubo un incendio en el edificio del Consejo Provincial de Educación, en Río Gallegos. Peralta denunció que el incendio fue intencional, según las primeras pericias, y los docentes se desvincularon de cualquier posible responsabilidad. Y la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) aclaró que el edificio está “ocupado” y “bajo el control” de la policía provincial.

"Si este conflicto ocurriera en los años dramáticos en que la Argentina estaba postrada, paralizada, quizá se podría entender, pero es inentendible en el 2011, es claramente una medida con intencionalidad política", dijo Sileoni.

"Creo que es un conflicto que es de otro momento del país -añadió-. Se puede discutir mucho en qué situación estamos, en contra o a favor, pero claramente este momento no merece un conflicto que pareciera de otra época".

Además remarcó que “una decisión judicial que no se está acatando, entonces hay que cumplir la ley y, a partir de allí, hay que hacer una recuperación del ciclo lectivo, hay que reprogramar el calendario con algunas instancias que puedan mitigar el problema, porque los 48 días ya se perdieron y el daño ya está hecho".