El caso tomó estado público en noviembre pasado, tras la investigación desarrollada por un grupo de médicos estadounidenses, financiada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés). Guatemala, por su parte, se puso a investigar el tema a través de una comisión encabezada por el vicepresidente, Rafael Espada, y amenazó con llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.

Con más de 500 fuentes consultadas, los autores del informe concluyeron que en la década del 40 se efectuaron pruebas, que incluyeron tomas de muestras de sangre y punciones lumbares, a 5500 presos, pacientes psiquiátricos, soldados, trabajadores sexuales, huérfanos y niños en edad escolar de Guatemala. De ellos, unos 1300 fueron expuestos deliberadamente a enfermedades de transmisión sexual, tales como sífilis, gonorrea o chancroide.

Del grupo de personas sometidas sin su consentimiento a las pruebas, se confirmó que fallecieron al menos 83, aunque el informe aclara que la cantidad es incierta. Los integrantes de la comisión encontraron evidencias de que el médico John Cutler, uno de los responsables de los experimentos, destacó en un documento "la actitud de gran cooperación de los funcionarios, tanto civiles como militares" de Guatemala para montar "un laboratorio experimental" en la capital del país.