Viernes, 30 de diciembre de 2011 | Hoy
14:45 › "ES EL INICIO DEL INICIO"
El nuevo gobierno conservador dio a conocer un duro paquete de medidas para "combatir" un déficit público que se situará en torno al 8 por ciento del PIB español, dos puntos por encima de lo previsto por la anterior gestión del socialista José Luís Rodríguez Zapatero. La medida implica una suba de impuestos, el congelamiento de los sueldos de los empleados públicos -que ya habían sido reducidos en un 5 por ciento- y que no sean reemplazados los puestos vacantes en la administración estatal, salvo en los sectores de salud, educación y fuerzas de seguridad. "Los trabajadores vuelven a ser cabeza de turco para paliar las cuentas deficitarias del Estado", condenó el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) en un comunicado.
"La primera de las peticiones que ha adoptado el consejo de ministros es un acuerdo de no disponibilidad (del gasto) por valor de 8.900 miliones de euros", es decir unos 11.530 millones de dólares, afirmó Sáenz de Santamaría durante una rueda de prensa. "La desviación que se ha producido respecto al déficit presupuestario es sustancialmente muy superior (...) de la que había comunicado y comprometido el gobierno anterior (...) porque estamos ante una situación extraordinaria y no prevista".
Rajoy ya había anunciado que su gobierno aplicará importantes recortes resupuestarios para reducir el déficit a 4,4 por ciento del PIB en 2012. Dichos recortes debían ser de 16.500 millones de euros si el déficit de 2011 se situaba en 6 por ciento como previsto. Pero ahora explicó que esa cifra se vería incrementada en 10 mil millones de euros por cada punto porcentual adicional.
Asimismo, se aprobó una suba progresiva del impuesto sobre la renta de la personas físicas (IRPF), que aumentará desde un 0,75 por ciento en el primer nivel de renta hasta un 7 por ciento en el nivel más alto, el que se sitúa por encima de los 300 mil euros de base anual liquidable. El Ejecutivo pretende ingresar más de 6 mil millones de euros con este aumento, unido al impuesto sobre los bienes inmuebles.
Paralelamente, dispuso un recorte del personal en la Administración General del Estado que afecta al 19 por ciento de los puestos en subsecretarías y direcciones generales. También se disminuyó un 20 por ciento de la subvención estatal a los partidos políticos y sindicatos, con el que se esperan ahorrar 84,6 millones de euros.
El gobierno pretende "salvaguardar a los más débiles", dijo Sáenz de Santamaría. "No podemos pedir sacrificios a quienes no pueden dar más", manifestó. Por eso, las pensiones -congeladas todas excepto las mínimas por el gobierno de Zapatero el año pasado- se actualizarán un 1 por ciento. En un país con casi 5 millones de desempleados, algo más del 21,5 por ciento de la población activa, se mantendrán "íntegramente" las prestaciones por desempleo, dijo la vicepresidenta. Y a partir de febrero se prorrogarán los 400 euros que perciben los desempleados que ya agotaron su prestación de desempleo.
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