Viernes, 30 de diciembre de 2011 | Hoy
15:35 › CRIMEN DE MARIANO FERREYRA
Los abogados Alberto Bovino y Maximiliano Medina, del CELS; Claudia Ferrero, del Partido Obrero; y María del Carmen Verdú, de la Correpi presentaron un escrito en el que pidieron unificar en un solo juicio el expediente en que están imputados el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otras nueve personas por el asesinato del militante del PO, con el que investiga a siete policías acusados de haber "liberado la zona" para que ello ocurriera. Debido a la feria judicial, la respuesta del Tribunal Oral 21 estará dentro de un mes.
El escrito fue presentado ante los jueces que a principios de semana recibieron la elevación a juicio de la causa en la que están acusados los policías por parte de la jueza de instrucción Wilma López. El tribunal tiene previsto iniciar el juicio el próximo 22 de febrero, pero el planteo de las querellas debe ser notificado a los defensores de los 17 imputados y a la fiscalía, y atento a que hoy es el último día hábil antes de la feria judicial, la respuesta no se conocerá sino hasta dentro de 30 días.
"Se trata de un mismo hecho que por su complejidad y múltiples derivaciones fue investigado en dos etapas distintas", explicó la jueza López al elevar la causa a la etapa de debate. Sobre esa base, las querellas interpretaron que "carece de sentido mantenerlas (a ambas causas) separadas en la instancia de juicio" y subrayaron: "Si bien el caso fue elevado a juicio bajo la calificación legal de abandono de persona seguido de muerte, propiciada por el ministerio público fiscal, lo cierto es que las querellas requerimos en orden al delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado".
El texto difundido por DyN indica que "los funcionarios policiales han sido partícipes necesarios de los delitos atribuidos a los imputados" en la causa principal. "La realización de dos juicios para juzgar conductas vinculadas a un único hecho que tiene víctimas y pruebas comunes aparece como un importante dispendio de actividad jurisdiccional y genera serios perjuicios en las víctimas de los hechos que se juzgan", añadieron.
En ese sentido, las querellas advirtieron que "el fraccionamiento conspiraría contra la comprensión del ataque hacia los manifestantes como un todo, y de la forma en que estaban repartidas las funciones y responsabilidades entre los imputados".
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