El gobierno de José Mujica dispuso una urgente investigación administrativa en las unidades involucradas, una pública y otra privada, "para evaluar el funcionamiento y hacer un análisis de mortalidad histórica en el período analizado". A través de un comunicado oficial, Salud Pública confirmó la creación de una Unidad de Información y Apoyo a la población y otra de apoyo psicológico a las familias de las víctimas. También habrá mecanismos de orientación para denuncias e investigación y se coordinarán las tareas con la Unidad de Crimen Organizado, del Ministerio del Interior.

Una Comisión de Seguridad del Paciente incrementará los controles; se profundizarán los listados de eventos centinela, que son aquellas situaciones que "tienen relación directa con la calidad del servicio en el proceso de atención". En medio del impacto que provocó la noticia, conocida el domingo, el senador Luis Alberto Heber, del opositor Partido Nacional (PN), acusó al gobierno de no saber qué hacer con este caso, criticó que "la situación en el Ministerio de Salud es caótica" y reclamó medidas inmediatas.

El vicepresidente del país, Danilo Astori, por su parte, salió a respaldar a las autoridades de la Salud y aseguró que ayudarán a aclarar definitivamente lo que calificó como "lamentable suceso".

Gladys Rodríguez, hija de una de las víctimas internada en el Hospital Maciel, advirtió que su madre "estaba bien": "Es muy impactante, a mi mamá la internaron por una convulsión, porque era diabética. Ya tenía el alta y estaba pronta para venirse para casa. (...) No era terminal, faltaban unas horitas para que la fueran a buscar y la trajeran a casa".

El juez de la causa, Rolando Vomero, detalló que los enfermeros, quienes reconocieron 5 y 11 crímenes, inyectaban a los pacientes morfina y aire, cosa que, en algunos casos, "les ocasionaba la muerte en pocos minutos". El magistrado admitió que los acusados se defendieron diciendo que "no querían ver sufrir a la gente". La investigación se inició hace dos meses, bajo el nombre "Operación ángeles", a partir de la denuncia de funcionarios de los centros asistenciales, uno público y otro privado.