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Ante el pedido que los padres de la niña de 13 años hicieron a la Maternidad Provincial de Córdoba, el médico de ese centro de salud, Luis Picón Ponce, afirmó que los padres "se reunieron con las autoridades del hospital y se les dijo que se le va a solucionar el problema".

De todas maneras, sostuvo que deberán presentar una declaración jurada. "Como esto es muy reciente va a tener que firmar la declaración jurada que el ministerio de Salud provincial va a enviar hoy", explicó Picón Ponce.

En ese sentido, el médico sostuvo que "en este caso, como es menor de edad, también debe estar acompañada por los padres y después tiene que firmar un consentimiento conforme con los padres".

Picón Ponce adelantó que la Maternidad Provincial de Córdoba creará una lista de profesionales que no están dispuestos a realizar esa práctica por objeción de conciencia, pero afirmó: "El gobierno provincial tiene que brindar la posibilidad de realizar el aborto no punible".

El decano de la Facultad de Medicina, Gustavo Irico, de quien depende la maternidad, expresó que "como institución pública vamos a adherir al fallo" de la Corte y afirmó que aplicará el protocolo "que ya está funcionando", en alusión a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, elaborada por el ministerio de Salud de la Nación en 2010.

En tanto, en Villa María, la familia de la adolescente discapacitada, embarazada también tras una violación, pidió la realización de un aborto en el Hospital Pasteur de esa localidad. El subdirector del centro de salud, Ignacio Bruno, señaló que el pedido fue realizado hace una semana y dijo que "está siendo analizado por autoridades del hospital y de salud provincial".

A diez días del fallo, fuentes del ministerio de Salud de Córdoba informaron que aún no definió una posición sobre el tema y manifestaron que "se está estudiando con mucha profundidad y desde todas sus aristas".

El 13 de marzo, el tribunal supremo ratificó que el aborto no es punible cuando es producto de una violación y sostuvo que la interrupción del embarazo no está supeditada a un trámite judicial, al interpretar el artículo del Código Penal que menciona los casos en que esa práctica no es punible.