"Pese a la obligación que tiene el Estado argentino de delimitar y titular las tierras indígenas aún esto no ha sido ejecutado", destacó Zimerman. En ese sentido, se expuso que la falta de definición en los territorios ha provocado, según se expuso la representante del CELS en la audiencia del CIDH, grandes represiones contra las comunidades indígenas, episodios de violencia e incluso asesinatos. En los últimos dos años ocurrieron cuatro, el último de ellos contra el campesino santiagueño Cristian Ferreyra, a quien mataron el 16 de noviembre de 2011.

"La justicia los persigue por delitos de ocupación en sus propias tierras. No fueron adecuados los códigos penales para que puedan ajustarse a las necesidades indígenas, no están reconocidas como comunidades sociales y no existen normas que les permitan definir sus propia gestión y autonomía", insistió Zimerman.

La representante Verónica Huilipan, del Obsevatorio de Derechos Humanos Indígenas (ODHPI) y miembro de la comunidad mapuche, explicó que "la política del Estado ha justificado el despojo de las tierras a través de la legislación". "Lo que reclamamos es que la CIDH busque la forma de solucionar este problema y que se garantice nuestra existencia devolviéndonos esos territorios", exigió.

El Estado argentino alegó haber ejecutado varias leyes para adecuar los derechos de las comunidades indígenas mediante legislaciones en asuntos educativos, territoriales y de difusión cultural. "Estos aportes han permitido dar un paso histórico en la situación y el reconocimiento de las culturas indígenas", contrapuso Andrea Gualde, representante de la República Argentina.

Según explicó Gualde, desde 2003, existe en el país una ley de consulta sobre los intereses indígenas, así como una participación conjunta de la construcción de políticas públicas para esas comunidades.

"El tema indígena está instalado en el asunto de la pobreza, algo muy errado. Desde 2006, se ha ido agravando la criminalización por defender los territorios, las acusaciones contra nuestras personas por desacato, desobediencia hacia una autoridad judicial o instigación", agregó la representante mapuche.